En horas de la mañana de este jueves 27 de julio, la Defensoria del Pueblo alertó que a los reclusos de la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, se les está vulnerando gravemente su derecho a la salud, pues en el establecimiento hay 960 personas privadas de la libertad y no tienen un servicio médico eficiente.
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La Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) realizaron una visita de verificación a esta cárcel e indicaron que no se les está garantizando su derecho a la salud. Específicamente con respecto a la entrega de medicamentos a personas que padecen de enfermedades.
“Otra situación que hallaron y es alarmante, pues daría lugar a la proliferación y agudización de afecciones, es el hecho de que algunos internos con patologías catalogadas como graves conviven con PPL que relativamente gozan de buena salud”, indicó la Defensoria.
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Son más de 100 personas con enfermedades crónicas en esta cárcel a los que no les brinda la atención necesaria. Seis tienen tuberculosis y 13 personas fueron diagnosticadas con VIH. Además, la Uspec no estaría realizando las jornadas de detección de enfermedades a pesar del brote respiratorio que se ha presentado.
“Basada en la Sentencia T-762 del 2015, la cual insta a la Defensoria del Pueblo a hacer visitas de inspección periódicas en las cárceles del país, la entidad insiste en que a las personas privadas de la libertad, ya sean sindicadas o condenadas, se les debe garantizar un trato digno, respetuoso de los derechos humanos”.
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Incluso, muchos de los reclusos han tenido que recurrir a sus familiares para poder obtener los medicamentos que necesitan. Finalmente y como si fuera poco, también denunciaron que dos bombas de agua potable no están en funcionamiento, por lo que habría algunos problemas de higiene.
