El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, está bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali de 2020. Por eso, profirió pliego de cargos en su contra y en contra del secretario de Cultura de la ciudad, José Darwin Lenis Mejía.
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Según lo que ha podido conocer la entidad, el convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para la organización de la feria se habría firmado por 11.955 millones de pesos sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor.
Al parecer, para el 2020 cuando estábamos en plena pandemia, se fijó el convenio a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que para ese momento los eventos se realizarían de forma virtual.
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Para la Procuraduría, desde el Distrito se debió incluir en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar, “cosa que en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan sólo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”, indicó el Ministerio Público.
El órgano de control señaló que el alcalde Ospina pudo incurrir en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que estaba en cabeza del secretario de Cultura Lenis Mejía, pues no le habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la feria, no le requirió informe alguno sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta del alcalde Ospina Gómez como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, y la de Lenis Mejía como gravísima a título de culpa gravísima.
