La Contraloría General de la Nación, a través de un comunicado informó que abrió un proceso en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina por presunto incumplimiento de contrato e intermediación de innecesaria entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca -IMPRETIC´S- y la Unión Temporal Windetec.
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El ente de control ordenó embargar las cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, siete inmuebles, garajes y un apartamento a Jorge Iván Ospina, además de congelar otras 21 cuentas bancarias de los otros implicados en una supuesta red de corrupción que se dedicaría al saqueo de los recursos públicos en Cali.
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Las autoridades se concentran en dos investigaciones por el momento; un contrato presuntamente irregular para cámaras de seguridad y un expediente que confirmaría un saqueo a Emcali. Para este último caso, la Contraloría General embargó 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles a contratistas y exgerentes de la compañía.
En cuanto al caso de las cámaras de seguridad, el ente de control ordenó abrirle una investigación al alcalde Ospina por un contrato de más de 5.000 millones de pesos, de los que 1.500 nunca se ejecutaron. Además, hubo una sospecha e intermediación de un convenio suscrito entre IMPRETICS y la Unión Temporal Windetec, para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de Cali.
Por otro lado, la segunda investigación tiene que ver, nuevamente con las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, la empresa pública de los caleños, que estarían saqueando. En las investigaciones de la Contraloría tienen tres convenios que pusieron en la lupa a tres altos funcionarios, a los que también les ordenaron embargos a sus cuentas y propiedades.
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Uno de los convenios sería de un acuerdo para la adecuación del canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable Río Cali, en el Barrio San Antonio, en el que la Contraloría encontró un detrimento por encima de los 14.000 millones de pesos. De acuerdo con el ente de control, se acordó con MinVivienda buscar la manera de apoyar la ejecución del proyecto pero no se llevó a cabo.
Además, la Contraloría dejó claro la negligencia en la administración de Emcali, relacionado con la evasión de pago de tasas retributivas, o los intereses de mora al Dagma.
Ahí no acaba todo, pues en la investigación se encontró una intermediación en un convenio interadministrativo por más de 18.000 millones de pesos con ERT (Empresas de Recursos Tecnológicos), con el fin de “brindar apoyo a los call centers y a la gestión de servicios de cliente de Emcali”.
