En la capital del Valle del Cauca, son más de 8.000 vehículos que transportan diariamente y se estima que hay alrededor de 27 empresas de movilización en la ciudad, con unas 350.000 personas.
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Al respecto, el concejal Fernando Tamayo indicó que en la ciudad hay un problema grave de seguridad, en cuanto a los controles territoriales por la presencia de grupos ilegales, “bandas organizadas de venezolanos que montaron una especie de servicio exclusivo donde no permiten que rutas como las de la Avenida Pasoancho y la Avenida Ciudad de Cali tengan competencia que no tenga un “permiso” para trabajar”.
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Aunque las autoridades no confirmaron el presunto dominio, no niegan la guerra de bandas locales por el negocio el cual se aprovecha de numerosos conductores, incluso de ciudadanos extranjeros.
Al respecto las autoridades de la ciudad indican que la mayoría de conductores de ‘piratas’ se han organizado al pasar del tiempo para sostener rutas en el oriente, laderas y centro. Es por eso que los conductores pagan entre 50 y 80 mil pesos a la semana para sostener sus redes de empleados y ‘campaneros’.
El concejal Fernando Tamayo, en plenaria del concejo, contó que a su curul llegó una denuncia de la situación. “Una persona de mi equipo presenció cuando un transportador ilegal fue abordado por una especie de escoltas de corrido, le solicitaron que no trabajara más en ese sitio y dejaron clara la amenaza mostrando que estaban armados y señalando que de seguir en esa ruta, le iban a destruir el carro a bala”.
Además, indicó que en el oriente y en la Avenida Ciudad de Cali, se presenta una situación similar. “Hay bandas organizadas detrás del transporte pirata, que medio les sirve para mantener el control territorial de este y otros negocios al margen de la ley. En Siloé hay venezolanos propietarios de 30 motos o más y han ido desplazando a los que por años han trabajado ahí”.
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Por su parte, el secretario de Movilidad, William Vallejo, indicó que sí se realizan controles y que el año pasado se firmaron 02.000 notificaciones por agentes de tránsito, 210.000 notificaciones por cámara de fotodetencción y 9300 vehículos inmovilizados por diferentes infracciones.
“Los controles deben cobijar a todos, pero es sumamente preocupante que detrás de este negocio no solo haya una necesidad de suplir el empleo de gente que no logra ubicarse en el mercado laboral, sino que sea usado para el control del territorio de bandas organizadas”.
