La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos podría enfrentar nuevas tensiones tras el anuncio del Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre la suspensión de las extradiciones a miembros de grupos armados que participen en procesos de negociación con el Gobierno.
La medida, según explicó Montealegre a la agencia AFP, responde a una decisión del presidente Gustavo Petro para reafirmar su compromiso con la política de ‘Paz Total’, una de las banderas principales de su mandato. La suspensión se aplicará a quienes, perteneciendo a la insurgencia o a organizaciones al margen de la ley, colaboren de manera efectiva con los diálogos en curso.
Colombia suspende extradiciones a guerrilleros en proceso de paz: posible tensión con EE. UU.
Esta nueva postura del Gobierno coincide con la salida de la exministra Ángela María Buitrago, quien denunció presiones internas por negarse a firmar una orden de extradición de un integrante de un grupo guerrillero. Su renuncia abrió el camino para una reconfiguración del enfoque frente a las solicitudes de extradición, especialmente las provenientes de Estados Unidos, uno de los principales socios judiciales del país en la lucha contra el narcotráfico.
Montealegre señaló que se trata de buscar el desmantelamiento del crimen organizado por distintas vías: “El objetivo sigue siendo el mismo: acabar con el narcotráfico, debilitar las redes ilegales y avanzar hacia una paz sostenible”, afirmó.
Sin embargo, el ministro advirtió que la suspensión no será automática ni incondicional. En caso de que los diálogos fracasen, los individuos solicitados por la justicia estadounidense serán extraditados de inmediato. Además, el Ejecutivo implementará mecanismos de control para evitar que personas sin verdadero compromiso con la paz se beneficien de esta política.
“Habrá una vigilancia estricta para impedir que individuos intenten burlarse de la justicia internacional al ingresar de forma oportunista a los procesos de paz”, enfatizó Montealegre.
Esta decisión podría generar reacciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, tradicionalmente firme en su política de persecución internacional del narcotráfico. Por ahora, las autoridades colombianas aseguran que la medida se enmarca en los principios de soberanía nacional y búsqueda de soluciones negociadas al conflicto armado.