Este lunes 10 de febrero, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP) lanzó la décima edición de su revista Páginas para la Libertad de Expresión. En esta entrega, la FLIP hace un análisis exhaustivo sobre cómo los grupos armados ilegales y la reconfiguración del conflicto han situado nuevamente la información en el centro de una disputa, lo que ha provocado un aumento preocupante de las agresiones contra la prensa, tales como amenazas, desplazamientos forzados, extorsiones y, lamentablemente, asesinatos. Esta revista incluye un balance crítico de las agresiones a la prensa en 2024, un año calificado como el más crítico de la última década.
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Las cifras documentadas de ataques contra periodistas en 2024, según la FLIP marcaron un récord negativo y trágico. Se registraron un total de 530 ataques dirigidos a 330 comunicadores a lo largo del país, lo que representa un incremento de 70 casos en comparación con 2023. Entre estos, se incluyen 215 amenazas, 20 casos de periodistas que se vieron obligados a desplazarse forzosamente para proteger sus vidas, cuatro exilios, dos secuestros y el asesinato de tres comunicadores, dos de ellos en Norte de Santander y uno en Sucre. Este año se ha convertido en el más crítico de la última década, y confirma que los principales agresores de los periodistas son los grupos armados, responsables, en los casos en los que es posible identificar al agresor, del 73% de las amenazas.
Además, la publicación de la FLIP resalta la tendencia de que, desde la firma de los Acuerdos de Paz, los ataques han mantenido un aumento progresivo cada año. Más allá de las cifras y el impacto individual de estos hechos, este panorama refleja una censura generalizada en varios departamentos, así como el temor que sienten decenas de periodistas para abordar temas tan cruciales como la contratación local, los vínculos entre autoridades locales y organizaciones criminales, temas medioambientales y asuntos de la política local.
FLIP reportó 530 ataques a 330 comunicadores en 2024 en Colombia: cifras alarmantes
“La crisis de seguridad que enfrentan los periodistas colombianos desnuda las deficiencias estructurales de las rutas de atención y protección estatales. El mecanismo de protección a periodistas, instaurado hace casi treinta años, celebrará su aniversario en 2026. En sus inicios, fue aclamado internacionalmente como el primer sistema en el mundo destinado a proteger a los periodistas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este sistema ha sufrido una agónica caída debido a la falta de efectividad, legitimidad y capacidad para cumplir con su misión. La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha sido foco de críticas por sus graves problemas, entre ellos, el retraso de entre cuatro a siete meses en la asignación de medidas de protección tras recibir una amenaza”, afirmó la FLIP en su informe.
El año 2024 fue especialmente crítico, cuando varios periodistas que contaban con medidas de protección fueron asesinados, lo que evidencia la ineficacia de este mecanismo. Ejemplos trágicos incluyen el homicidio de Jaime Vásquez en 2024 y el de Rafael Moreno en 2022. “Además, la sobrecarga en otras rutas de atención estatal, tanto a nivel local como nacional, ha dado lugar a la insuficiencia de recursos para atender la totalidad de los casos. Esto implica un estado de amenaza constante para aquellos periodistas que, tras meses de espera, aún no pueden contar con medidas adecuadas de protección”, planteó la FLIP.
La Paz Total también debe garantizar la protección de la prensa
Dos años después de la implementación de la Política de Paz Total como la principal estrategia de seguridad del gobierno colombiano, la ausencia de un estándar de respeto a la libertad de prensa sigue siendo una realidad alarmante, según ha evidenciado la FLIP, en diversos territorios del país. Las violaciones a la libertad de expresión son comunes durante los conflictos armados, y en 2024, los grupos armados ilegales fueron responsables del 73% de las amenazas contra periodistas en el país. Este fenómeno no es resultado de un desconocimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, sino de la falta de voluntad de los actores armados para cumplirlas y de la insuficiencia de los mecanismos de cumplimiento de estas normativas, detalla esta publicación.
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La FLIP ha evidenciado que la propaganda como arma de guerra se ha convertido en la nueva normalidad, con grupos armados como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas (ahora conocidas como Ejército Gaitanista) y las disidencias de las FARC utilizando las tecnologías de la información para amplificar sus estrategias de manipulación y control de la narrativa. Esto subraya la creciente amenaza que enfrentan los periodistas en su labor de informar objetivamente sobre los eventos en las regiones afectadas por el conflicto armado.
Sobre la política pública de garantías a la labor periodística, promovida por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la FLIP expresó “que esta iniciativa busca prevenir y actuar de manera eficaz ante las agresiones contra la prensa, y representa un esfuerzo significativo para reconocer la violencia contra los periodistas en Colombia. No obstante, para que esta política sea efectiva, debe ser articulada con entidades existentes, y debe abordar las particularidades de este contexto de violencia, con especial énfasis en el ciclo de impunidad que rodea los crímenes contra periodistas”.
Otro tema que preocupa a la FLIP en esta publicación es la desprotección es la censura, que afecta principalmente a los departamentos con una fuerte presencia de grupos armados. “Sin información, la violencia contra la ciudadanía se exacerba, y la falta de medios para denunciar los abusos perpetúa el control de las organizaciones ilegales sobre el territorio”, concluyeron.
La cifra: en 2024, los grupos armados ilegales fueron responsables del 73% de las amenazas contra periodistas en el país.
