En Bogotá, el debate sobre cómo regular las plataformas digitales de transporte, como Uber, volvió a tomar relevancia tras la emisión de un acuerdo por parte del Concejo Distrital que busca promover “buenas prácticas” en la aplicación de comparendos a vehículos particulares que prestan servicio de transporte público. La iniciativa generó un choque entre la Superintendencia de Transporte y la Alcaldía, abriendo nuevamente la discusión sobre la necesidad de una regulación más clara para estas plataformas.
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¿Regular las plataformas de transporte es legítimo o un acto ilegal?
La controversia comenzó cuando la Superintendencia de Transporte emitió un comunicado en el que cuestionaba la legalidad del acuerdo aprobado por el Concejo Distrital. Según la superintendente Ayda Lucy Ospina, el acuerdo podría estar violando la ley al ordenar que se desconozcan procedimientos establecidos. En su pronunciamiento, Ospina argumentó que “un Concejo no tiene en competencias” el poder de regular los procedimientos de infracciones de tránsito o señalar a la autoridad de tránsito sobre cómo ejecutar su labor, de acuerdo con información compartida por El Tiempo. Además, recalcó que no corresponde al Concejo determinar qué investigaciones disciplinarias deben adelantarse ante comportamientos de los funcionarios.
El acuerdo número 607 de 2024 fue el centro de la discusión, y establece disposiciones para promover prácticas transparentes y respetuosas del debido proceso en la imposición de comparendos, especialmente para la infracción D12. Esta infracción se refiere a la utilización de un vehículo sin la debida autorización para ofrecer servicios de transporte público y conlleva sanciones severas, como multas y la inmovilización del vehículo.
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¿Cuáles son las controversias del acuerdo?
El acuerdo establece varias medidas, pero el punto más debatido es el artículo segundo, numeral tercero, que ordena evitar prácticas de abuso por parte de los agentes de tránsito. En este sentido, el acuerdo hace énfasis en evitar situaciones como interrogatorios sin el debido proceso, la imposición de más de una sanción por la misma infracción, y la inmovilización de vehículos sin seguir los procedimientos legales establecidos.
Respuesta del Concejo de Bogotá y el alcalde Carlos Fernando Galán
Los concejales autores del acuerdo, Juan Daniel Oviedo, Sandra Forero y Daniel Briceño, defendieron la iniciativa como una medida para garantizar que se cumpla el debido proceso en los procedimientos de tránsito. Según Oviedo, la intención no es modificar los procedimientos de sanción, sino más bien sensibilizar a los agentes de tránsito y educarlos para evitar abusos. En declaraciones a la prensa, Oviedo señaló que los conductores de plataformas han estado operando ilegalmente durante más de diez años debido a la falta de acción por parte del Gobierno Nacional.
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El alcalde Carlos Fernando Galán también se pronunció al respecto, indicando que se ha dado la instrucción a la Secretaría de Movilidad para reunirse con la Superintendencia de Transporte y aclarar las inquietudes sobre el acuerdo. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, también destacó que el proyecto no está en contra de la ley, sino que busca reforzar la comunicación y transparencia en los procedimientos de la infracción D12.
La posición de los taxistas y expertos en movilidad
La polémica sobre la regulación de las plataformas digitales también ha atraído la atención de los gremios de taxistas, como lo demuestra la postura de Hugo Ospina, líder de los taxistas, quien celebró el pronunciamiento de la Superintendencia. Ospina subrayó que la ley ya establece las sanciones para los conductores de plataformas, incluyendo multas y la cancelación del registro de matrícula, según el medio citado anteriormente.
Por otro lado, expertos en movilidad, como Luis Ángel Guzmán de la Universidad de Los Andes, sostuvo en El Tiempo que este debate es el resultado de la falta de una regulación clara para las plataformas de transporte, las cuales “llegaron para quedarse”. Darío Hidalgo, experto de la Universidad Javeriana, también destacó que, mientras no exista un marco legal nacional, continuará la incertidumbre sobre el futuro de las plataformas en Colombia.
El acuerdo 607 de 2024 ha reabierto un debate crucial sobre la regulación de las plataformas digitales de transporte en Bogotá. Mientras que el Concejo defiende la iniciativa como una medida para proteger los derechos de los usuarios y evitar abusos de autoridad, la Superintendencia de Transporte advierte sobre posibles violaciones legales.
