En el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, se generó un gran revuelo tras conocerse las primeras versiones sobre un presunto incidente entre indígenas y funcionarios públicos. Según los reportes iniciales, alrededor de 50 servidores públicos, incluyendo trabajadores de la rama judicial y hasta un juez de la República, habrían quedado “retenidos” por un cerco indígena en las afueras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida por el Gobierno.
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Confusión inicial sobre el incidente
La noticia de la supuesta retención comenzó a circular en medios locales, destacando que un grupo de funcionarios no pudo acceder a sus lugares de trabajo debido a un cerco organizado por la Guardia Indígena. Este cerco fue instalado en las inmediaciones de la ANT, en el CAN, mientras se desarrollaba una reunión crucial entre Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, y los voceros de la comunidad indígena Emberá Katío, quienes exigen el cumplimiento de varios acuerdos con el Gobierno sobre acceso a tierras, vivienda, salud y educación.
Felipe Harman, en su cuenta de Twitter, aclaró: “Aquí estamos escuchando al pueblo indígena para llegar a acuerdos con justicia social”, sin mencionar ninguna alteración del orden o violencia. No obstante, después de las primeras versiones de la supuesta “retención” de funcionarios, Harman desmintió categóricamente el hecho: “No existió retención de funcionarios”, señaló, agregando que el incidente fue simplemente un “momento de tensión” relacionado con el vuelo de un dron, que luego fue aclarado durante la reunión.
A pesar de las aclaraciones del director de la ANT, medios como Blu Radio confirmaron que, según fuentes cercanas a la administración distrital, sí hubo una “retención activa” de funcionarios en las afueras de la sede de la ANT. Además, los reportes indicaron que la Guardia Indígena mantenía un cerco de vigilancia desde tempranas horas de la mañana. La Policía Nacional también estuvo presente en la zona, lo que dejó abierta la interpretación de que las tensiones eran mayores a lo que el Gobierno había señalado.
El papel del Gobierno y la Alcaldía de Bogotá
El incidente en el CAN también expuso las diferencias en la gestión entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá. Mientras que la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, confirmó que su despacho estaba trabajando en la reubicación de los indígenas Emberá en Bogotá, fuentes de la Alcaldía dejaron claro que el Distrito no está involucrado en este proceso. “La administración de Bogotá no va a coordinar ninguna reubicación de los indígenas del CAN”, señalaron, precisando que el manejo de la situación corresponde únicamente al Gobierno Nacional.
La movilización de los indígenas Emberá
Finalmente, se informó que los indígenas presentes en el CAN no eran los mismos que se habían asentado previamente en el Parque Nacional. Esta nueva movilización estaba compuesta por miembros de la comunidad Emberá Chamí, quienes provienen de distintas regiones del país, como Pueblo Rico, Marsella, Guática y Pereira. El objetivo de esta nueva movilización es presionar al Gobierno para que cumpla con los compromisos pactados en materia de derechos humanos y atención a las comunidades indígenas.
