En el Concejo de Bogotá ya empezaron a discutirse los detalles del proyecto del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la capital para el 2025. En la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, los concejales han conocido múltiples datos de la distribución de 38,4 billones de pesos que ha previsto la administración del alcalde Carlos Fernando Galán para el próximo año. Entre otras cosas, planean aumentar los recursos para la seguridad, la reactivación económica y la acción climática. Pero hubo un detalle que llamó la atención de los concejales.
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En uno de sus apartes, que se refería a los múltiples ingresos que espera recibir el Distrito, se referían al recaudo que se haría en el sector movilidad. Allí se advierte que planean percibir más recursos por las ‘cámaras salvavida’, conocidas popularmente como cámaras de fotomultas.
“En términos metodológicos, para la proyección de multas por infracciones de tránsito y transporte para el cierre de 2024 se utilizó el método Holt-Winters, observando el comportamiento mensual histórico de 2022, 2023 y lo corrido hasta mayo de 2024, teniendo en cuenta el incremento de imposiciones por cámaras salvavida y gestiones de recuperación de cartera. Para el año 2025, se realiza la proyección con la entrada en operación prevista de ochenta nuevas cámaras de detección electrónica de infracciones, y para los años siguientes se realiza la proyección de acuerdo con los supuestos macroeconómicos vigentes (IPC) y asumiendo un incremento en la imposición por la instalación de nuevas cámaras”, se puede leer en el proyecto radicado por la Alcaldía de Bogotá en el Congreso.
La noticia de que el Distrito espera percibir ingresos por la instalación de 80 cámaras de fotomultas nuevas no cayó bien entre varios concejales, quienes han manifestado su desacuerdo con este tipo de iniciativas. En teoría, las cámaras de fotomultas no deberían instalarse con el objetivo de incrementar el recaudo, sino para mejorar la seguridad vial.
“El alcalde Carlos Fernando Galán ha repetido en muchas oportunidades que estas cámaras no están para recaudar. La Secretaría de Movilidad deja claro todo lo contrario. Primero, estoy convencido de que deben hacerse estudios de velocidad en los corredores viales rápidos de Bogotá, que quedaron incluidos en el Plan Distrital de Desarrollo, para saber cuál es el límite de velocidad máximo que realmente soportan nuestras vías”, indicó el concejal del Centro Democrático Humberto Amín.
A su vez, el cabildante le solicitó al alcalde Galán que considere la posibilidad de retirar este tipo de iniciativas del proyecto de presupuesto para el próximo año.
Su compañero de bancada, el concejal Daniel Briceño, también manifestó su desacuerdo con las proyecciones del recaudo del Distrito. “La Secretaría de Movilidad le notifica a Bogotá que instalará 80 nuevas cámaras de fotomultas en el 2025 y lo hace en el proyecto de presupuesto. Es evidente que la intención que tiene el Distrito no es salvar vidas, es recaudar más plata por eso lo meten en el presupuesto”, escribió Briceño a través de su cuenta en la red social X.
Este no es, sin embargo, un debate nuevo en el Concejo de Bogotá. En abril pasado se hizo un debate de control político en el cual varios concejales criticaron la efectividad de las cámaras de fotomultas para reducir la accidentalidad, pese a que son muy útiles para el recaudo.
Según cifras reveladas por el concejal Marco Acosta Rico, del Partido Colombia Justa Libres, el recaudo por comparendos y fotocomparendos se ha incrementado en los últimos años. En 2020, por ejemplo, recaudaron 130.000 millones de pesos por comparendos y fotomultas. En 2023 esta cifra llegó a 292.000 millones de pesos. Pero en su momento, Acosta Rico argumentó que no había evidencia de que hubiese un resultado positivo de las cámaras salvavidas con reducción de incidentes viales.
En octubre, la Secretaría de Movilidad indicó en un debate de control político que se había registrado una reducción del 25 % en las zonas donde había cámaras con fotodetección entre 2022 y 2023. Sin embargo, el concejal Humberto Amín manifestó sus cuestionamientos sobre estas cifras, debido a una respuesta que había recibido a un derecho de petición. De acuerdo con los datos que le hicieron llegar al cabildante, en las zonas mencionadas se registraron 41 muertes en 2022 y 68 muertes en 2023, con lo cual quedó en duda la argumentación de la cartera de movilidad.
Los fotocomparendos son difíciles de controvertir
Vale recordar que en el pasado los comparendos por cámaras de fotomultas eran relativamente fáciles de impugnar, pues las normas exigían que estos dispositivos identificaran a los conductores. Sin embargo, en 2022 la Corte Constitucional emitió una sentencia en la cual indicó que los dueños de los vehículos tienen que hacerse responsables de que los mismos cumplan las normas. Desde entonces, la única forma de impugnar estos comparendos es demostrando que el vehículo fue objeto de un fraude o fue robado.
En esa medida, es claro que la instalación de nuevas cámaras de detección electrónica de comparendos puede resultar muy positiva para las finanzas públicas, aunque aún haya dudas sobre su efectividad en la reducción de los accidentes viales y la mejora de la seguridad vial.
PUBLIMETRO se comunicó con la Secretaría de Hacienda de Bogotá para consultar cuál era su postura frente a la inclusión de las cámaras de fotomultas en las proyecciones del presupuesto para el 2025, pero indicaron que la respuesta debía darla la Secretaría de Movilidad. Este diario también se puso en contacto con esa cartera, pero al cierre de esta edición no habían dado una respuesta.
