En las últimas horas se conoció que la Fiscalía General de la Nación citó a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Consuelo Ordóñez, a una indagatoria. Durante esa diligencia, Ordóñez tendrá que responderle varias preguntas al ente investigador sobre un presunto acto de corrupción. La señalan de haberle pedido al Consorcio Jardines de Luz y Paz un presunto soborno por $5.000 millones de pesos.
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Estas pesquisas de la Fiscalía se enmarcan en un escándalo que hubo en relación con los cuatro cementerios distritales de Bogotá. A comienzos del mes de octubre, la administración de Ordóñez había informado que había tomado la decisión de terminar de forma unilateral el contrato entre la Uaesp y el Consorcio Jardines de Luz y Paz.
La directora de la Uaesp, además, había indicado que quería recuperar la administración de los cementerios de la ciudad.
“No vamos a permitir que la calumnia y la mentira impidan que Bogotá recupere la gestion adecuada en los cementerios distritales y en cualquier otro servicio publico. Aunque pretendan asustarme con absurdas acusaciones, mantendré mi posición de exigir el cumplimiento estricto de la ley en las funciones que me han encomendado”, indicó en su momento Ordóñez a través de su cuenta en la red social X, defendiéndose de los señalamientos que habían hecho en su contra.
Procuraduría le puso la lupa a exdirectora de la Uaesp
Ordóñez no ha sido la única directora de la Uaesp que ha tenido encima la lupa de las autoridades por actuaciones relacionadas con la operación de los cementerios distritales. Muestra de ello es que en octubre pasado la Procuraduría abrió una nueva investigación contra una de sus antecesoras.
“Por posibles irregularidades relacionadas con la operación y funcionamiento de los cementerios distritales de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exdirectora general de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Luz Amanda Camacho Sánchez y el entonces representante legal del Consorcio San Marcos 2021, David Alejandro Cedeño Cárdenas”, explicó la Procuraduría General de la Nación.
En su momento, el ente de control indicó que estaba tratando de establecer si durante la ejecución de un contrato se habrían dado supuestas irregulardades por posibles fallas en el seguimiento y control por parte del Consorcio San Marcos 2021, que debía encargarse de la interventoría.
