La reciente cancelación del acto de perdón dirigido a las víctimas de la Unión Patriótica (UP) ha suscitado un intenso debate en Colombia, no solo por la ausencia del presidente Gustavo Petro, sino también por el significativo costo que ha representado para el Estado. La logística del evento, que se llevaría a cabo en la emblemática Plaza de Bolívar, ha implicado un desembolso de 3.700 millones de pesos, como parte de un contrato suscrito por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con la empresa Plaza Mayor, ubicada en Medellín.
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El evento estaba programado para comenzar a las 8:00 de la mañana e incluía diversos elementos logísticos, como la construcción de una tarima y la contratación de una orquesta. Sin embargo, a las 11:00 de la mañana, el presidente Petro anunció en su cuenta de X que no podría asistir debido a una gripe. En su mensaje, manifestó: “Como jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica”. Esta situación no solo sorprendió a los asistentes, sino que también generó frustración entre las cerca de 300 víctimas presentes, quienes expresaron su descontento y anunciaron su intención de abandonar el lugar si el presidente no llegaba.
La voz de protesta se hizo sentir a través de Carolina Amaya, codirectora de la Corporación Reiniciar, que defiende los derechos de las víctimas de la UP. Amaya consideró inaceptable que el mandatario decidiera enviar un mensaje a través de redes sociales en lugar de presentarse personalmente para ofrecer sus disculpas. La representante subrayó la importancia de que el presidente esté presente en un evento de tal relevancia, donde las víctimas esperan un reconocimiento formal de las injusticias sufridas.
Ante esta situación, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, tomó la palabra para informar a los asistentes sobre la reprogramación del evento. Esta nueva cita se llevará a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, lo que ha generado expectativas sobre la posibilidad de que el presidente Petro se presente y cumpla con su compromiso de disculparse de manera directa.
La controversia no solo se centra en el costo del evento, que muchos consideran excesivo, sino también en la responsabilidad del mandatario en un acto que representa un importante paso hacia la reconciliación en un país con un pasado tan doloroso. La ausencia del presidente ha dejado a muchos preguntándose si el compromiso del gobierno con la paz y la justicia es genuino y si se está haciendo lo suficiente para atender las demandas de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
