El cierre de los cementerios distritales en Bogotá ha generado una crisis significativa, dejando a numerosas familias sin la oportunidad de visitar a sus seres queridos y acceder a servicios funerarios. Los cuatro cementerios afectados: Cementerio Central, Norte, Sur y Parque Serafín suspendieron sus operaciones debido a problemas relacionados con pagos e incumplimiento de contratos por parte de su operador, la Sociedad Jardines de Luz y Paz.
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En respuesta a esta crisis, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha activado un plan de emergencia diseñado para asegurar la continuidad del servicio mientras se soluciona el conflicto contractual con el operador. Esta decisión se produce en el contexto de un proceso sancionatorio que la UAESP ha iniciado contra la Sociedad Jardines de Luz y Paz, cuyo contrato de concesión fue firmado en 2021.
La crisis se origina a raíz de un proceso de sanción e inhabilidad del operador de los cementerios, que ha incurrido en cinco incumplimientos de la Ley de Contratación Pública. Cuatro de estos casos se registraron durante la administración anterior, mientras que uno se presentó este año. La Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP) ha informado que el proceso de inhabilidad finaliza el 23 de septiembre, dejando en suspenso el futuro de los servicios.
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La decisión de cerrar los cementerios fue anunciada sin previo aviso, lo que ha generado frustración y confusión entre los ciudadanos: “El operador ha tomado una decisión arbitraria y sin previo aviso, afectando directamente a los ciudadanos que requieren estos servicios públicos esenciales,” afirmó la UAESP en un comunicado oficial.
El proceso de inhabilidad del contratista se concluirá el 23 de septiembre, cuando se determinarán las sanciones definitivas. Este plazo es crucial para definir el futuro de la gestión de los cementerios en la ciudad.
Desde enero de 2024, la UAESP ha intensificado la supervisión del contrato, buscando garantizar que el servicio se preste sin interrupciones. La situación actual ha llevado al Distrito a actuar con rapidez, implementando medidas temporales para reanudar los servicios funerarios en los cementerios afectados. Esto incluye la habilitación de personal adicional y recursos necesarios para mantener la operatividad.
El impacto del cierre no se limita solo a las familias en duelo, sino que también afecta a pequeños comerciantes que dependen de la actividad en estos recintos. Y a los mismos trabajadores que laboran dentro de los cementerios y, que ante la crisis, deberán buscar nuevas fuentes de ingreso para sus hogares.
Desde el Concejo de Bogotá, también han surgido críticas sobre la gestión de esta crisis. El concejal Oscar Ramírez Vahos ha instado a que se priorice la prestación de servicios y que se inicien procesos disciplinarios y fiscales contra los responsables. “Lo que está pasando es una crónica de una muerte anunciada”, afirmó, subrayando la urgencia de encontrar soluciones efectivas.
