Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), se ha visto envuelta en un escándalo de corrupción que ha acaparado la atención de la ciudadanía y de las autoridades. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, marcando un hito, ya que es la primera vez que un alto funcionario del Distrito enfrenta acusaciones de tal magnitud en relación con la operación de cementerios distritales.
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El origen del escándalo se sitúa en la situación crítica que atraviesan los cementerios de la capital. La empresa concesionaria Jardines de Luz y Paz, que gestiona estos espacios, ha sido inhabilitada por la Uaesp, lo que ha encendido las alarmas sobre la gestión de estos servicios esenciales. Éder Parada, representante legal de la empresa, afirmó que Ordóñez le exigió la suma de cinco mil millones de pesos para garantizar la continuidad de su contrato de concesión.
En la denuncia formal, se alegó que la funcionaria podría haber incurrido en el delito de concusión, dado que supuestamente habría solicitado una suma de dinero a cambio de extender el contrato para la administración de los cementerios. En este contexto, el denunciante reveló que la reunión en la que se produjo la exigencia ocurrió en las instalaciones de la Uaesp. Durante dicho encuentro, Ordóñez habría mencionado la necesidad urgente de inversión en los cementerios, sugiriendo que se requerían cerca de 50 mil millones de pesos para su mantenimiento. “El estado de abandono de los cementerios es crítico, por lo que se deberían hacer inversiones para su mantenimiento”, expresó.
El representante de Jardines de Luz y Paz detalló que, en un principio, Ordóñez solicitó dos mil millones de pesos, y posteriormente, tres mil millones adicionales tras el inicio de las labores de mantenimiento. Además, Parada aseguró en la revista Semana que ha sido objeto de una persecución administrativa desde que decidió no acceder a las exigencias de la funcionaria.
Ante esta serie de acusaciones, Consuelo Ordóñez ha respondido de manera contundente, afirmando que las acusaciones son “falsas, absurdas y malintencionadas”. Aseguró que su trayectoria de más de 30 años en el servicio público ha sido intachable, en contraposición al comportamiento de Parada, quien ha estado marcado por incumplimientos en el contrato. Ordóñez también reveló que ha presentado una denuncia penal en su contra por injuria y calumnia, defendiendo su honor y asegurando que está dispuesta a aclarar cualquier duda relacionada con el caso.
En una rueda de prensa, Juan Pablo Estrada, asesor externo de la Uaesp, comentó sobre la complejidad del contrato en cuestión. Según él, desde el inicio del proceso de empalme, se advirtió sobre las dificultades en la ejecución del contrato y la polémica en su adjudicación, que actualmente está siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Estrada subrayó que la nueva administración ha heredado múltiples informes de incumplimiento por parte de la empresa concesionaria, lo que ha llevado a la apertura de procedimientos sancionatorios.
