El emblemático Hospital San Juan de Dios, uno de los símbolos más antiguos de la medicina en Colombia, está a punto de embarcarse en una nueva fase de restauración. Esta transformación surge tras la reciente decisión de la administración de la Subred Centro Oriente de Bogotá de poner fin de manera unilateral al contrato con la firma española Sociedad Anónima de Obras y Servicios (Cosapa). Este contrato, establecido en 2016, había sido polémico desde sus inicios debido a los planes de demolición que incluían la icónica Torre Central del hospital.
La resolución del contrato fue recibida con entusiasmo por el presidente Gustavo Petro, quien se manifestó en redes sociales asegurando que la estructura histórica del hospital no será demolida. Petro subrayó la importancia de conservar el hospital, afirmando que quienes buscaban eliminar el hospital público más antiguo del país han fracasado. La controversia había surgido cuando se descubrió que la Torre Central no formaba parte de la estructura original que el Gobierno desea preservar, según expertos de la Universidad de los Andes.
El contrato original con Cosapa, valorado en alrededor de 466.000 millones de pesos, incluía la demolición de la Torre Central para su reconstrucción. Sin embargo, el proyecto se vio envuelto en problemas desde el principio, lo que llevó a la empresa española a solicitar un arbitraje internacional, alegando incumplimientos por parte de la alcaldía.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto en noviembre de 2023 que permite al Gobierno adquirir tanto el Hospital San Juan de Dios como el Instituto Materno Infantil. Este decreto autoriza a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco a negociar la adquisición de estos bienes, con el objetivo de restaurarlos y darles un nuevo propósito. Se planea la creación del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, una entidad que ofrecerá servicios de salud de alta complejidad y contribuirá a la investigación y formación en el sector salud.
La terminación del contrato con Cosapa también trae consigo desafíos financieros y legales. El Distrito Capital enfrenta una demanda de 500.000 millones de pesos debido a la cancelación del contrato. La Resolución 646, emitida el 16 de agosto, oficializa esta terminación. Además, Cosapa ha interpuesto una demanda arbitral por 70.000 millones de pesos, argumentando que la terminación les causó pérdidas económicas y costos adicionales.
La empresa había intentado en tres ocasiones obtener la aprobación del Ministerio de Cultura para demoler la Torre Central, pero dichas solicitudes fueron rechazadas, complicando aún más la ejecución del proyecto. Con la administración actual, el presidente Petro ha incluido en su Plan de Desarrollo la adquisición y renovación del complejo, aunque este proceso enfrenta el obstáculo de la demanda pendiente por parte de Cosapa.
El Ministerio de Cultura desempeñó un papel crucial en la controversia al prohibir la demolición de la Torre Central, lo que contribuyó al incumplimiento del contrato con Cosapa. Gerson Bermont, secretario de Salud, indicó que aunque el terreno del Hospital San Juan de Dios pertenece al Fondo Financiero Distrital de Salud, se espera que el Gobierno nacional intervenga para resolver el conflicto contractual y avanzar en la restauración del histórico hospital.
Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el Hospital San Juan de Dios
Luego de que se diera a conocer la decisión, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la terminación del contrato de recuperación de las instalaciones.
“Quiero ser muy claro: esta decisión no protege la salud de los bogotanos. Al contrario, pone en riesgo la prestación del servicio de salud, la estabilidad del Sistema Distrital de Salud, e impide la recuperación del San Juan de Dios, ordenada en varias sentencias en los últimos años. Igual de preocupante es el riesgo que esta decisión representa para el patrimonio de la ciudad, dado que actualmente existen dos tribunales de arbitramento sobre el contrato, orientados a defender los intereses de Bogotá y de la Nación, cuya estrategia se ve gravemente afectada con la terminación unilateral. Estos procesos, en conjunto, tienen pretensiones que ascienden a más de 100.000 millones de pesos”, afirmó Galán.
“Desde 2017, la Alcaldía ha adoptado medidas para recuperar el San Juan de Dios, conforme a las especificaciones técnicas y culturales exigidas por la ley. Nuestro propósito es garantizar que este hospital funcione y preste sus servicios a toda la ciudadanía. Sin embargo, la decisión del agente interventor nos aleja de ese objetivo y pone en riesgo el patrimonio público. Por ello, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que quienes afecten negativamente el patrimonio de Bogotá respondan ante la ley por sus decisiones”, añadió
