En un movimiento sorprendente, el Concejo de Bogotá está promoviendo una iniciativa para convertir a la capital en un puerto libre para todos los licores del país, desligándose así de la autoridad de Cundinamarca. Esta propuesta permitiría que populares bebidas como el Aguardiente Amarillo de la Industria Licorera de Caldas (ILC) se vendan sin restricciones en la ciudad.
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Históricamente, la comercialización del Aguardiente Amarillo en Bogotá se ha visto obstaculizada por la necesidad de obtener la autorización de la gobernación de Cundinamarca. Esta autorización, que inicialmente fue otorgada, fue revocada hace aproximadamente un año en junio de 2023, dejando a los residentes de Bogotá sin acceso directo a este producto emblemático sin el sello de aprobación de Cundinamarca.
El artículo 31 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca establece que las autoridades departamentales ejercen control sobre la producción e introducción de licores destilados en la región, incluyendo el Distrito Capital. Esto implica un monopolio de distribución y comercialización a través de la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), con las ganancias destinadas a fines educativos, de salud pública y protección del bienestar comunitario.
Los defensores de la propuesta en Bogotá argumentan que eliminar esta restricción no solo fomentaría la libre competencia y elevaría la disponibilidad de productos para los consumidores, sino que también podría beneficiar económicamente a la capital al permitir una mayor diversidad de opciones en el mercado de licores.
Esta iniciativa podría marcar un cambio significativo en el panorama de distribución de licores en Colombia, promoviendo un entorno más abierto y competitivo para los productores y consumidores por igual.
El concejal Juan David Quintero del partido Nuevo Liberalismo busca reabrir el debate sobre este tema, argumentando que el control actual “dificulta” la competencia justa y el funcionamiento del mercado libre, especialmente en lo que respecta al aguardiente.
Según Quintero, quien declaró a El Tiempo, “Bogotá es la capital de todos los colombianos y, por lo tanto, debería operar como un puerto libre”.
Sin embargo, modificar estas normativas presenta desafíos significativos debido al monopolio estatal sobre la producción y comercialización de licores destilados, establecido en el artículo 336 de la Constitución y regulado adicionalmente por la Ley 1816 de 2016.
