La Alcaldía de Bogotá ha anunciado una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del asesinato del director de la cárcel La Modelo. El trágico hecho, ocurrido la noche del jueves, ha conmocionado a la capital y a las autoridades penitenciarias.
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El coronel retirado Elmer Fernández, quien ocupaba el cargo de director del centro penitenciario, fue la víctima del ataque sicarial. Según el secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, las autoridades están revisando exhaustivamente todo el material de las cámaras de seguridad de la zona para obtener pistas sobre los autores del crimen. “Estamos comprometidos en esclarecer este lamentable suceso y llevar a los responsables ante la justicia”, aseguró Restrepo.
Fernández, de 58 años y oriundo de Piendamó, Cauca, dedicó su vida profesional a la Policía Nacional antes de asumir la dirección de La Modelo. Durante su destacada carrera en la Policía, se especializó en administración de empresas, gerencia de recursos humanos y completó una maestría en seguridad pública. Tras su retiro de la institución en 2017, continuó sirviendo al país desde el ámbito penitenciario.
La amenaza contra su vida había sido previamente advertida en un panfleto firmado supuestamente por alias ‘Pedro Pluma’, en el que se le advertía que si volvía a intervenir en el patio de la cárcel, su familia sería asesinada. Esta intimidación refleja los desafíos y peligros a los que se enfrentan los funcionarios encargados de la seguridad en las cárceles, donde el crimen organizado y las bandas criminales buscan mantener su control.
El alcalde de Bogotá, así como altos mandos de la Policía Nacional y del sistema penitenciario, han expresado su solidaridad con la familia de Fernández y han reafirmado su compromiso de combatir el crimen con todos los recursos disponibles. “No permitiremos que estos actos de violencia queden impunes. La seguridad de nuestros funcionarios y la justicia para las víctimas son nuestra prioridad”, declaró el alcalde.
La comunidad ha sido instada a colaborar con las investigaciones. Las autoridades han habilitado líneas de comunicación y garantizan la confidencialidad de quienes proporcionen información útil. Este llamado a la ciudadanía es crucial para desarticular las redes criminales que operan dentro y fuera de los centros penitenciarios.