En la madrugada de este 15 de mayo, cientos de recicladores se reunieron a las afueras de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), sobre la intersección de la calle 96 con la carrera 12, en Bogotá, con el fin de reclamar mejores condiciones laborales. Esta protesta alteró el tráfico de la ciudad en inmediaciones al barrio Chicó.
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De acuerdo a lo reportado por Caracol Radio, cerca de 1.000 recicladores se congregaron en la CRA. Entre los principales reclamos se considera pago justo y seguro por su labor, así como las condiciones adecuadas y las garantías de permanencia en el empleo. Yaneth Espinela, quien es la representante legal de la Asociación Nacional de Recicladores, explicó en una entrevista con Blu Radio que el objetivo de su protesta es solicitar cambios en el Decreto 596 de 2016. Este decreto reconoce y formaliza el trabajo de los recicladores, pero según Espinela, es demasiado amplio y puede ser aprovechado por actores con intereses económicos, tanto privados como gubernamentales, para perjudicar su labor.
“Lo que nos pagan no alcanza para pagarle un salario a los recicladores, reconocerles prestaciones, ARL, que sí nos están exigiendo: no nos dan, pero sí nos exigen”, explicó Espinela.
Espinela además comentó que el precio pagado por el material reciclado no es suficiente para cubrir los costos de arrendamiento de las instalaciones donde se clasifica y separa el material reutilizable. Esto dificulta la capacidad para proporcionar beneficios sociales a aquellos involucrados en la recolección y reciclaje de desechos. Espinela comentó: “Es crucial que nuestras empresas de reciclaje sean reconocidas y apreciadas”. Además, señaló que en ocasiones, los recicladores son impedidos de acceder a conjuntos residenciales porque no están afiliados a ARL, lo que complica su labor. “En muchos complejos residenciales nos cobran, y el reciclador tiene que limpiar los contenedores”, agregó.
Espinela también destacó una denuncia: la funcionaria Ruth Maritza Quevedo de la CRA supuestamente intenta apoderarse del negocio del reciclaje en todo el país. Según la representante de los recicladores, Quevedo afirma representar al gremio, a pesar de que este no lo ha reconocido como tal. Algunos recicladores interpretan estas acciones como un intento del Gobierno de tomar control sobre la actividad de reciclaje.
