A través de un comunicado, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia, garantizar el bienestar y la salud de las personas que se encuentran privadas de la libertad en las cárceles del país.
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Esta orden se presentó luego de que se conociera el caso de dos presos en Boyacá y Meta que no recibieron los tratamientos necesarios a sus problemas de salud como lo son hipertensión crónica, diabetes y otras afectaciones.
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La sala cuarta de revisión protegió los derechos a la salud y al diagnóstico de los presos que continúan a la espera de la entrega de sus medicamentos, aprobación de procedimientos quirúrgicos y otros servicios médicos en las cárceles de El Barne y Acacias.
Es por eso que la corte ordenó “ejercer control en los casos en que se nieguen o dilaten las autorizaciones, citas, traslados, suministro de medicamentos, entre otros, para las personas privadas de la libertad, y en los que no se asignen o autoricen las citas o procedimientos sin justificación”.
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Específicamente en el caso de la cárcel de Boyacá, el alto tribunal encontró que al privado de la libertad le fueron violados sus derechos al servicio de salud, pues no se han entregado de manera adecuada los medicamentos que necesita para sus procedimientos.
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Hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo
La Corte Constitucional también ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Inpec realizar una evaluación sobre “medicamentos y procedimientos médicos o quirúrgicos pendientes de suministrar o de realizar a las personas privadas de la libertad. Del mismo modo, le ordenó al Inpec y a la Uspec adoptar medidas con el fin de que se presente e implemente un plan de mejora para garantizar la oportunidad y eficacia en la atención en salud”.
En la orden de la corte, se indicó que se debe implementar la entrega oportuna de los medicamentos y todo lo que requiera cada paciente.
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“En cuanto al caso de la cárcel de Acacias, la sala le ordenó a la Fiduciaria Central S.A., a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá y al Área de Sanidad del Establecimiento Penitenciario que, de no haberlo hecho, remitieran al accionante a valoración de su patología con un médico especialista, y en caso de requerir un procedimiento médico adicional, este se debía coordinar en un término perentorio”.
