La Procuraduría General de la Nación pidió suspender el contrato de la Cidadela Educativa y del Cuidado en la localidad de Suba, luego de haber encontrado algunos “vacios” en medio de la inspección disciplinaria que adelantó el pasado 15 de enero a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo).
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Cabe recordar que este mega proyecto había sido anunciado por la exalcaldesa Claudia López, antes de terminar su período de gobierno; no obstante, días después el ente de control informó sobre presuntas irregularidades en los contratos de la obra, las cuales tendrían que ver con los principios de legalidad y de buena fe.
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Es precisó también recordar que la ciudadela educativa comprende la construcción de un multicampus universitario y la construcción de 14.000 viviendas. Frente la forma en la que la megaobra sería financiada, López había indicado que: “El Distrito pone el suelo y el gobierno nacional invertirá 346 mil millones para la construcción del primer multicampus donde estarán presentes la Universidad Nacional, la Distrital, la Pedagógica y el SENA”. Sin embargo, la Procuraduría enfatizó que la inversión de los más de 300 mil millones de pesos representan un riesgo para el patrimonio de la nación.
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De la misma manera, el ente de control indicó que funcionarios de la Delegada para la Contratación Estatal y peritos expertos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público se encargaría de recaudar la información sobre la fase de planeación del proyecto que ayude a determinar si contó con las condiciones técnicas adecuadas y si lograron dificultar la libre competencia.
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Como resultado de dicha inspección, la Procuraduría informó este 18 de enero que se hallaron “falencias en la distribución de competencias y la aplicación del principio de coordinación entre entidades públicas que permita solucionar oportunamente posibles controversias”.
El Ministerio Público ya había pedido con anterioridad a la exalcaldesa de la ciudad que suspendiera las licitaciones, no obstante, López adjudicó el proyecto. La Procuraduría demás señaló que busca proteger los recursos públicos que estarían en juego debido a un pleito entre Renobo y la constructora Las Galias, a la que se le fue suscrito el proyecto.
