En la primera entrega de una investigación periodística que pretende conocer como desde el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, se articulan para responder a un problema estructural a partir del ofrecimiento de predios por parte de la SAE; los indígenas Embera Katio asentados en el Parque Nacional, expusieron sus principales necesidades; las razones de hacinamiento, desnutrición y mendicidad en la UPI La Florida que los llevaron a salir de allí; y como su atención se ha basado en reubicaciones temporales sin, dicen, brindarles una vivienda definitiva y en la ciudad para que retomen sus usos y costumbres.
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¿Qué pasó con los predios que ofreció la SAE para los indígenas Embera?
Para el 27 de diciembre de 2022, Jaime Osorio Navarro, vicepresidente de Bienes Inmuebles y Muebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) -entidad que administra, gestiona y democratiza activos provenientes de actividades ilícitas- anunció la disponibilidad de tres predios en Pereira, Teusaquillo y centro de Bogotá que “serán transferidos a la Unidad para la Atención de Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)”.
Tras cerca de un año de este anuncio, la jefa de la Oficina Asesora de Planeación de la SAE, Eloisa Vargas, manifestó que tras varias visitas, estos predios fueron descartados “por condiciones técnicas y jurídicas”. Y, por el contrario, desde el pasado mes de octubre han realizado “alrededor de unas 9 u 11 visitas a 32 predios sobre todo en Bogotá, pero también sobre los bordes, por ejemplo en Soacha, Bosa y Suba, los cuales se han ofrecido a la UARIV y la Alcaldía de Bogotá, quienes tienen el mando en la definición de condiciones técnicas de habitabilidad y demás para poder recibir estos predios”, puntualizó en entrevista para PUBLIMETRO.
Sin embargo, la Secretaría de Gobierno y la Unidad para las Víctimas, coinciden en que los terrenos ubicados en Soacha, Bosa y Suba, no cumplen ciertas condiciones y capacidades.
“Efectivamente se encontraron unos espacios amplios que uno diría se podría contemplar un lugar de relocalización, pero por ejemplo Soacha nos implicaría también un diálogo con una Alcaldía distinta porque pasarlos a otra ciudad implica términos de atención; y en Suba no se identificaron las condiciones para que este predio pudiera ser usado”, señaló Juan Manuel López, coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la UARIV.
Por su parte, el secretario de Gobierno, José David Riveros, agregó que este último predio “es una casa en el estrato 18 de Suba y no caben”. Mientras que en Bosa, “no tiene la capacidad y queda al lado de un jardín infantil. No es posible. El único que se ha analizado es el de Soacha que posiblemente sea. ¿Quién lo administra? En eso estamos con la Unidad de Víctimas, pero para eso necesitamos definir el retorno”.
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Por eso, Riveros además hizo un llamado a la SAE recalcando que si bien “ha trabajado y ha puesto de su disposición, necesitamos que los predios cumplan y no simplemente decir que estos son todos los que hay. Tener en cuenta su ubicación, no al lado de un jardín infantil; dos, que estructuralmente funcione porque si toca llegar al predio y toca hacer una inversión de no sé cuántos millones de pesos, alargaría la solución definitiva; y tres, que efectivamente sea un lugar donde tenga una capacidad suficiente para albergar a la gente que hoy necesitamos”, donde según un sondeo Distrital son al rededor de 2.000 personas de la comunidad Embera en Bogotá.
“Lo que hemos estado afinando en la búsqueda es garantizar que los predios estén muy cerca (entre ellos), pero es muy difícil que en Bogotá un solo predio nos permita albergar a 500 o 600 familias, entonces lo que se busca es que los inmuebles estén muy cerca o que sea un lote amplio como lo podría haber en Soacha o en la sabana de la ciudad y así garantizar un solo proceso de reubicación”, argumentó Eloisa Vargas, jefa de la Oficina Asesora de Planeación de la SAE.
Y es que según Vargas, el pasado viernes 1 de diciembre, luego de distintas mesas de diálogo y visitas, se esperaba que la Alcaldía de Bogotá y la UARIV notificará a la SAE que entidad iba a recibir el predio y “ahí ya entraría a correr los tiempos que no sería más de un mes” en entregarlo, puesto que “el proceso puede tardar dependiendo del mecanismo a través del cual se entregue: si es una disposición temporal definitiva o si es un arrendamiento”.
Un edificio sería albergue temporal para los indígenas Embera, ¿y la solución estructural?
El miércoles 29 de noviembre, desde el Parque Nacional, mujeres, niños y hombres indígenas Embera Katio, caminaron por cerca de dos horas hasta la sede de la Unidad de Víctimas (UARIV), para exigir respuestas al Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, respecto a sus solicitudes de un mejor albergue temporal; reubicación para quienes quieran quedarse en Bogotá y garantías para retornar a sus territorios.
“Nos tienen abandonados, siempre nos han atropellado, pero no importa resistimos fuertemente. Cuando haya compromisos de garantía, algunos pueden regresar al territorio indígena, pero el resto de nosotros que venimos huyendo del peligro del conflicto armado, no nos regresamos, resistimos en Bogotá, en el Parque Nacional”, sentenció Demetrio Arias Witucay, autoridad mayor del Parque Nacional Embera Katío.
Fue tras una mesa de diálogo con el objetivo de levantar las vías de hecho, que las partes estatales se comprometieron en tres aspectos: la entrega de instrumentos musicales; la visita por parte de la UARIV el viernes 1 de diciembre al inmueble ubicado en la carrera 8 # 15-78; y el miércoles 4 de diciembre a las 2pm, desarrollar una reunión interinstitucional para que las entidades presenten a la comunidad Embera ubicada en el Parque Nacional, el cronograma de trabajo para la posible entrega del inmueble y la oferta de retorno.
Sin embargo, este predio de tres pisos alojado en el centro de Bogotá “que sí cuenta con las condiciones para que podamos ubicarlos” -aseguró Juan Manuel López, coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas- no es a largo plazo y nuevamente se convertiría en un albergue temporal.
“Para poder hacer el traslado hay que hacer unos estudios previos de los suelos, el acueducto y demás adecuaciones que hay qué hacer de forma conjunta entre la Unidad de Víctimas y el Distrito. Todo esto es presentado a la comunidad para que puedan tener toda la transparencia de la información y que acompañen cada uno de estos procesos para que no sientan que entre darles el cronograma y el traslado hay un vacío de tiempo”, sentenció López.
Precisamente ante la pregunta del porqué algunos de los 32 predios mapeados por la SAE y presentados a la UARIV y Distrito, no pueden pasar a ser una vivienda definitiva para la comunidad Embera y que así tengan la oportunidad de habitar en una estructura de “cemento, como todos los de Bogotá” -tal como lo pide Alipio Vitukai, tesorero indígena en el Parque Nacional- el coordinador de Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas, explica que actualmente los Embera Katio no cuenta con un cabildo urbano en Bogotá y por ende no pueden generar esa ruptura con sus autoridades tradicionales.
“Como hoy está contemplado en el marco normativo de los procesos de retorno para comunidades étnicas, la reubicación en contextos urbanos se desarrollaría de forma individual, es decir, no podemos contemplar en estos momentos un escenario colectivo para la comunidad y menos cuando no tiene una autoridad en la ciudad”.
Y agregó, que “claramente se ve mucho más sencillo decir que hacemos un traslado, pero esto tiene que tener unas garantías mínimas para la población y muchas veces las ciudades no necesariamente tienen una oferta preparada para las comunidades étnicas. Entonces, el proceso de reubicación tiene que tener un ejercicio muy importante a partir de como transitamos de la asistencia a unos procesos sostenibles de reubicación, donde podamos decir que la población en un punto pueda generar sus propios ingresos y sobrevivir de forma autónoma e independiente en Bogotá, contemplando también cuáles son los criterios que tienen las ciudades para el acceso a vivienda”.
Así pues, aunque se destaca la inversión de 1.050 millones de pesos en brindar alimentación y aseo en la UPI La Florida por parte de la Unidad de Víctimas y más de $6.000 millones desde la Alcaldía de Bogotá en ayudas humanitarias y traslado en los dos últimos años, aún existen desafíos relacionados con garantizar la seguridad permanente en sus territorios, el avance en la restitución de tierras y la protección de sus derechos y su cultura.
Esto, ante el impacto que ha tenido el desplazamiento forzado en torno a las graves consecuencias para la población Embera, como lo es la afectación a su modo de vida, su cultura y sus tradiciones. “La pérdida de su territorio ancestral ha significado la privación de su principal fuente de sustento, ya que la agricultura y la caza son actividades fundamentales para su subsistencia”, reseña un análisis de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en 2021.
En resumen, agregan, el impacto de estas acciones depende de la coordinación interinstitucional, la asignación adecuada de recursos y la consulta participativa con las comunidades afectadas.
“Es vital fortalecer los canales de atención en las ciudades receptoras, pues las situaciones en las que sobrevive esta población en las urbes no puede seguir rayando la mendicidad ni mucho menos poniendo en riesgo la vida de menores que en muchos casos no han conocido otra realidad distinta a la incertidumbre y el desarraigo, bien sea por el accionar directo de actores externos que obliga a sus familias a desplazarse o a la falta de voluntad y oferta institucional para brindar servicios propicios, permanentes y de calidad en su atención”.
