En los próximos días, se cumplirán dos meses desde que al menos 395 familias indígenas de la comunidad Embera Katio -cifra que según defensores de DD. HH. ha ascendido a al menos 500 personas- están asentadas en el Parque Nacional, luego de salir el 9 de octubre de la Unidad de Protección Integral- UPI La Florida, ubicada en Funza, Cundinamarca.
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Utilizando bolsas de basura como carpas, algunos colchones viejos o simplemente el pasto para dormir; cobijas si hay suerte, ropa colgada que puede volver a mojarse con la lluvia; pequeñas “estufas” improvisadas con ladrillos, troncos de madera, una muñeca sin cabeza, y unos piecitos descalzos que corren en el asfalto, es el “paisaje” que se vive adentro del asentamiento de los indígenas Embera en el Parque Nacional.
“Esta situación no está bien para nosotros porque aquí estamos viviendo sin techo, durmiendo encima de la tierra. Las familias están sufriendo porque está cayendo bastante el agua. Amanecen con frío. Pero nosotros los indígenas seguimos resistiendo: sin miedo y sin nervios”, aseguró Demetrio Arias Witucay, autoridad mayor del Parque Nacional Embera Katío, en entrevista con PUBLIMETRO.
Para ellos, a pesar de las evidentes necesidades, hambre, frío y calor de un techo digno, algunos viven con tesón la adversidad, pues dicen preferir estar allí que en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, ubicada en Funza Cundinamarca, donde hay malas condiciones de hacinamiento, desnutrición y mendicidad, que tuvo como consecuencia la muerte de tres menores en 2022.
“Dicen que nos devuelven a la UPI Florida donde estaban las viviendas malas, abandonadas, no queremos nada de allá. Rechazamos ese lugar”, aseguró Demetrio Arias.
Para Jairo Montañez, defensor de DD.HH y coordinador técnico de autoridades indígenas Bakatá, el trasladar a una población víctima del conflicto y de desplazamiento forzado a la UPI La Florida, es sinónimo de aislamiento.
“Ellos están mejor acá que en la UPI La Florida, en el marco de las condiciones que no tienen un techo, pero es por el tema de no solo cobertura sino acceso a la ciudad, donde les permite a ellos desarrollarse, sentirse ser personas que hacen parte de la sociedad y que efectivamente quieren empezar a aportar”.
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Según Montañez, “el 5 de mayo de 2022 se hizo un acuerdo con el exviceministro del Interior, Carlos Baena, donde se fijó un plan de acompañamiento y fortalecimiento para su permanencia en Bogotá y quienes retornaran les entregaban unas dotaciones. Por eso no es en vano que pidan colchonetas o kit de aseo, porque se supone que eso estaba ahí”.
De acuerdo con el secretario de Gobierno, José David Riveros, han estado realizando una “atención permanente en salud y hemos entregado colchonetas, no de manera permanente, ni mucho menos, pero cuando arrancó la toma del Parque Nacional por segunda vez mucha gente se devolvió a los albergues con kits de noche, de cocina y colchonetas”.
Además, les pidió “sinceramente que las condiciones en los albergues temporales, en las UPI’s, son mejores que las del espacio público, así sean complejas”.
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No obstante, la Unidad de Víctimas indicó que “claramente las condiciones en la UPI La Florida no son las más adecuadas. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con el Distrito a principios de Noviembre y uno de los compromisos que se estableció en ese momento fue poder hacer unos estudios técnicos que permitieran identificar que ajustes o adecuaciones se podían hacer para mejorar un poco las condiciones”, dijo Juan Manuel López, coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas.
Respecto a la entrega de implementos básicos como de aseo y abrigo; y las denuncias de solo una comida al día, López puntualizó que “se les ha entregado algunos temas de kits de alimentación que dura un mes y es de acuerdo al grupo familiar. Sabemos que es insuficiente, por eso avanzamos en otras estrategias. Mientras que de colchonetas y cobijas, uno de los representantes de la comunidad nos dicen que esperemos porque en estas condiciones se pueden dañar”.
“Los indígenas que estamos acá buscamos vivir en una casa de cemento, como todos los de Bogotá”
Este grupo de 347 personas -según cifras oficiales- donde prevalecen mujeres y niños, es un remanente o producto del “efecto rebote”, como explica Jairo Montañez, coordinador técnico de autoridades indígenas Bakatá, en relación con quienes salieron el 13 de mayo de 2022 también del Parque Nacional, luego de siete meses de minga permanente que inició el 29 de septiembre de 2021, en medio de vulnerabilidades e intervenciones arbitrarias por parte del Esmad.
“Cuando yo retorno voluntariamente lo hago como individuo, no como proceso colectivo. Entonces obviamente la insatisfacción es más que evidente porque el que retorna no es consciente de que está retornando. Esto genera lo que hoy denominamos el efecto rebote; la gente que va y nuevamente regresa a la ciudad”.
Para esa fecha del 2022, del total de las 15 comunidades indígenas, unas fueron reubicadas en albergues temporales y otras fueron retornadas en buses dispuestos por el Distrito, a sus territorios de origen en Chocó y Risaralda.
“Este el resultado de un incumplimiento sistemático por parte del Distrito y la Nación. Históricamente, a este pueblo y a todas las comunidades víctimas del conflicto armado, la única opción que les han brindado es el retorno jamás la reubicación, porque Bogotá hoy no tiene un plan de reubicación y es una falencia tan enorme que revictimiza, segrega y discrimina porque no le da la posibilidad y la oportunidad, el derecho Constitucional que tienen a reubicarse bajo la premisa de la voluntariedad”.
Según el Protocolo de Retornos y Reubicaciones, publicado el 11 de mayo de 2022 por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARI) -de acuerdo a lo ordenado en la Resolución 00027 de 2022 expedida por la misma entidad- la población víctima de desplazamiento forzado tiene derecho a retornar o reubicarse bajo condiciones de voluntariedad, seguridad, dignidad y sostenibilidad.
De esta manera, si vemos con lupa este protocolo, la seguridad es una condición fundamental que en correspondencia con la Unidad de Víctimas, en las últimas semanas, durante un Comité de Justicia Transicional en Bagadó, Chocó y Pueblo Rico, Risaralda, es de manera positiva y “se avaló el principio de seguridad por parte de todos los miembros (fuerza pública incluida), en este momento, siendo conscientes de las dinámicas que hay en los territorios”, dijo, Juan Manuel López, coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas.
Si bien de acuerdo con el parágrafo 1 del art 47 de la Ley de Víctimas las entidades territoriales en primera instancia y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a Víctimas subsidiariamente deberán prestar el alojamiento y alimentación transitoria en condiciones dignas y de manera inmediata máximo por 1 año, las reubicaciones han pasado de ser temporales a permanentes, reflejándose una falta de coordinación interinstitucional y asignación adecuada de recursos por parte del Gobierno para implementar soluciones a largo plazo.
“El lugar para ubicarlos es donde efectivamente tenga la posibilidad de seguir desarrollándose como individuos y como colectivo, pero sobretodo donde se les permita y se les dé las condiciones de dignidad, habitabilidad, de acceso al trabajo, a la educación, a la salud. El éxito que tuvo medianamente la UPI La Rioja es porque está en el centro de la ciudad”, aseguró Jairo Montañez, defensor de DD.HH y coordinador técnico de autoridades indígenas Bakatá.
Y agregó. “Hay un mito falso que dice que el indígena solo es indígena si está en su territorio y no, el indígena es donde tenga la posibilidad de desarrollar su estructura y aspectos culturales. El conflicto se vive en los territorios, pero las víctimas están en la ciudad”.
Mientras tanto, Alipio Vitukai, tesorero indígena y quien vive en una carpa junto a su familia integrada por cinco personas más tras ser desplazados forzosamente, aseguró que “solo retornaría si tenemos garantías dignas porque los indígenas que vienen acá buscamos vivir bien, en una casa de cemento, como todos los de Bogotá”, aseguró Alipio Vitukai, tesorero indígena y quien vive en una carpa junto a su familia integrada por cinco personas más”.
