Tras un seguimiento en los últimos 16 meses, la Fiscalía y el Dijín de la Policía, desplegó un megaoperativo en el país, para desarticular una banda delincuencial dedicada a la extorsión y demás delitos a víctimas en varias naciones que solicitaban créditos por medio de aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en la Play Store, promocionadas a través de cuentas en redes sociales en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México.
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Según investigación de las autoridades, en 2019, la organización criminal -en la que una de sus jefes era una ciudadana china que había llegado al país en 2017- creó una empresa de la cual se derivaron 14 compañías fachada, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y call centers.
Precisamente en esto último, encontraron que cerca de 500 personas fueron contratadas, donde incluso tenían oficinas internacionales en la que cobraban a extranjeros. “El proceso investigativo contó con la participación de peritos contables y en informática forense, que permitió aplicar medidas cautelares para la extinción del derecho de dominio a bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 2 mil millones de pesos”, aseguró la autoridad judicial.
La modalidad de esta red criminal, consistía en ofrecer préstamos con tasas de interés hasta del 60 % -violando los topes de la Ley-. Si sus más de 1.365 víctimas no pagaban a tiempo los 5 o 10 de cada mes, las amenazas de asesinarlos y torturarlos, llegaba. “Te voy a coger a tiros, te voy a mandar en bolsitas, voy a difundir la información de tu celular a todos tus contactos”, fue uno de los mensajes de texto que enviaban y que conoció Rcn.
“La organización criminal ofrecía refinanciación con las mismas aplicaciones y al no recibir los pagos, accedían a los datos personales de los afectados para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales y el dinero recolectado, era distribuido entre las empresas ficticias para el lavado del mismo y desvío al exterior”, señalaron las autoridades.
Las 8 personas capturadas en Medellín y en los municipios de Madrid y Mosquera en (Cundinamarca), fueron judicializados por acceso, abuso a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.
