Plaza de Bolívar y Concejo de Bogotá, fueron los dos últimos lugares donde cientos de recicladores y sus familias, han tocado puertas para ser escuchados y exigir no se vulneren sus derechos por presuntos intereses económicos que podrían terminar con un oficio que por años ha marcado generaciones.
Ante la falta de respuestas, el miércoles 21 de junio recicladores se dieron cita desde la cinco de la mañana frente a la sede de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, para elevar sus peticiones una vez más por medio de arengas, pitos y carteles que algunos colgaban de sus pequeños vehículos o zorros.
Tras permanecer por algunas horas sobre la Avenida Caracas, bloqueando el paso normal de las flotas de TransMilenio, representantes de distintas Asociaciones de reciclaje; la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel; Defensoría del Pueblo; Gobierno de Bogotá; Secretaría de Planeación y el director de la UAESP, Juan Carlos López, se reunieron desde las nueve de la mañana para dar solución a cuatro puntos principales:
- Modificación del POT en el decreto 203 reglamentario: por el cual se fijan las condiciones para el traslado progresivo de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento-ECAS.
- La no firma de la Resolución 196 de 2022 sobre el % de cumplimiento en la verificación de Organizaciones y recicladores de oficio.
- Abuso policial y de otras entidades en el decomiso de zorros y material aprovechable.
- Acciones de derogación del Decreto 019 de 2022 del censo de carreteros.
Frente al primer punto, PUBLIMETRO habló con algunos de los manifestantes quienes expresaron estar preocupados, pues estos ECAS -donde se presta los servicios de separación y reciclaje- el Decreto 203 establece que aquellos que no cumplan con el área mínima conforme a lo definido en el Decreto Distrital 555 de 2021 (aproximadamente 500 metros cuadrados), deban trasladarse a otra zona de la ciudad.
“¿Cómo llevas tú un reciclaje de Chapinero hasta una bodega en Fontibón? Eso es simplemente reacomodarlas porque simplemente no te gusta que estén en el norte. Y eso es desconocer el trabajo de años, porque le estás diciendo que no puede ser reciclador por no poder arrendar una bodega de 500 metros”, asegura Camilo Velásquez, supervisor de Ecoalianza.
Pero no solo esto, Paola Valencia, representante de la Asociación de recicladores por una ciudad limpia (Recil), asegura que los ECAS podrían privatizarse y el oficio convertirse en un empleo contratado más.
“Las quieren pasar de zonas residenciales a las afueras de Bogotá en zonas industriales. Si eso pasa se pierde la trazabilidad de las organizaciones y de los recicladores como tal. Salimos desde las 4 de la mañana a reciclar para poder llevar los kilos a las Ecas y nos paguen una tarifa que ahora ellos nos la quieren quitar, privatizando así el reciclaje”.
Para Velásquez este panorama estaría siendo presionado por prestadores de aseo “como LIME” para que así funcione. “Si esto se llega a privatizar ya no sería un oficio libre, que les gusta y que es generacional. Si no que sean un empleado más que se ganan un mínimo y prestaciones sociales”, advirtió.
Y es que a recicladores como Nora Isabel Torres, una adulta mayor que labora en el barrio 20 de julio, le preocupa “quedarse por fuera” si se privatiza el sector.
“Trabajo en un conjunto residencial donde selecciono material reciclable. A veces me toca en la calle también porque no nos alcanza para sobrevivir. En el día me hago 10 mil o 15 mil pesos. Llevamos muchos años reciclando, pero como se dieron cuenta que la basura vale, entonces lo están cogiendo los grandes empresarios. Le pedimos al Distrito que no nos quiten el trabajo”.
Respecto al segundo punto, actualmente existe el Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO) y el Registro Único de Carreteros (RUCA), donde la UAESP identifica a los recicladores con un carné y les entrega un uniforme, generándoles también un reconocimiento de la tarifa de aprovechamiento de 700 pesos por kilo. Sin embargo, si la persona no está afiliada allí o a una Asociación, no podría acceder a esta remuneración.
“Cuando viene la Superintendencia de Servicios Públicos a hacer control sobre las Asociaciones, algunos recicladores no tienen RURO y la UAESP entra a cuestionarlos porque no pueden justificar que le están pagando y eso hace que se desconozca el oficio de las personas. Y si se va a verificar, por ejemplo a un reciclador de a pie, la cantidad de trabas es innumerable: te miran de arriba y abajo y te dicen que no pareces reciclador; o si tú no contestas la llamada tienes que esperar 6 o 8 meses para volver a recibirla”, aseguró Camilo Velásquez, supervisor de Ecoalianza.
Frente a esto último coincide Carlos Verano, administrador de una bodega de reciclaje e integrante de la Asociación de Recicladores con Honor. “Si no ven una carreta llena de reciclaje, dice que no son recicladores, cuando una persona puede recoger harto o poquito dependiendo del día. Y ellos (UAESP) lo rechazan. Entonces le estamos pidiendo que cuando hagan una verificación, la haga bien”.
Pinchando llantas y hasta quemando zorros: así denuncian recicladores atropellos de la Policía
Otras de las peticiones expuestas en la mesa por representantes de distintas Asociaciones al Distrito es el abuso policial. Algunos recicladores le contaron a PUBLIMETRO que son perseguidos por la Policía e incluso su fuente de trabajo, los zorros, sus llantas son pinchadas o incluso queman el transporte.
“El 28 de diciembre la UAESP se llevó el zorro. Llevaba el material reciclado y mi mercadito. Se llevaron todo. Y ahora tengo que pagar casi millón quinientos porque yo los alquilo. En un día gano 30 mil. Tenemos un carnet, pero no nos protege, antes vienen de la Alcaldía y la Policía y nos levantan todo. Son muy groseros. Nos dicen que no quieren ver a los zorros trabajando en la calle”, contó triste, María Hernández.
¿Cuáles fueron los acuerdos pactados?
Tras varias horas de conversación, Camilo Velásquez, supervisor de Ecoalianza, aseguró que “fue un encuentro productivo”.
Respecto a las conclusiones, la UAESP informó a través de un comunicado que el próximo viernes 23 de junio, los equipos jurídicos de la Secretaría de Hábitat, Secretaría Jurídica Distrital y asesores jurídicos de los recicladores, adelantarán una nueva reunión con el fin de revisar el contenido del mencionado Decreto y así, verificar la viabilidad jurídica de cara a modificar o no, la norma, con el objetivo de atender a llamados y peticiones de los recicladores.
“Vamos a cumplirlas como siempre y debemos entender que el reciclador no es nuestro enemigo, el reciclador hace una labor muy importante, pero hay que ajustar algunos temas, que en su actividad diaria hoy nos manifestaron, deben mejorarse”, expresó Juan Carlos López, director de la UAESP.
Frente a la Resolución 196 de 2022, La UAESP se comprometió a adelantar las gestiones administrativas necesarias para la expedición de una nueva que modifique apartes de la ya mencionada, en el menor tiempo posible, lo cual permitirá la actualización de los criterios, mecanismos y procedimientos para la actualización del Registro Único de Recicladores de Oficio, RURO y el Registro Único de Organizaciones de Recicladores, RUOR.
En la jornada, también abordaron el funcionamiento y operatividad de los Centros Transitorios de Cuidado al Carretero -CTCC-, lugares que fueron abiertos con el propósito de minimizar la problemática de la separación de residuos en el espacio público de la ciudad. En este sentido, el Distrito se comprometió a emitir una comunicación donde se aclare que el uso de dichos espacios es de carácter voluntario.
Finalmente, en relación con los llamados de organizaciones recicladoras de la ciudad a revisar limitaciones del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, la subsecretaria de Planeación Territorial, Margarita Caicedo, expresó que a partir del próximo 23 de junio, se empezará a realizar el plan de trabajo.
“La gran diferencia que hay con el POT y que es objeto de reglamentación en el 203, es que ese metraje puede ser en mt2 construidos, lo cual abre una gama de posibilidades para que los mismos recicladores tengan la posibilidad de adaptar las instalaciones que hoy tienen para cumplir en un plan de transformación, en un plan de ajuste”.
Cabe recordar que la Corte Constitucional estableció que los recicladores son sujetos de especial protección. Esto quiere decir que el Estado debe emitir medidas o políticas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan.
