Definieron la situación jurídica de Roberto Prieto tras las investigaciones que le siguieron por el caso Odebrecht. Esto después de cumplir 5 años de condena por los delitos de falsedad en documento privado, tráfico de influencias e interés indebido en celebración de contratos vinculado a la adjudicación a un tramo de la Ruta del Sol II, el exgerente de campaña de Juan Manuel Santos, ahora Prieto deberá enfrentar las consecuencias de un proceso disciplinario que arrancó en 2018.
El diario El Tiempo publicó que la Procuraduría, el pasado 30 mayo, declaró responsable disciplinariamente a Prieto en su condición de gerente de la campaña presidencial de Santos (2014-2018), por “falsedad en documento privado” con relación al supuesto ingreso irregular de recursos de Odebrecht.
El Ministerio Público resolvió imponer una sanción disciplinaria consistente en multa equivale a 82 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho, es decir, “el salario mínimo correspondiente al año 2014 ($616.000) que asciende a la suma de 50.512.000 de pesos”.
De igual forma, quedó inhabilitarlo por 12 años para trabajar en el sector público y prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este.
“La campaña presidencial del Doctor Juan Manuel Santos Calderón, cuyo gerente de campaña era el aquí disciplinable (Prieto), fue destinataria de una donación en especie realizada por la sociedad extranjera Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Colombia, materializada en unos estudios de naturaleza electoral y de opinión, realizados en el primer semestre del año 2014, los cuales habrían tenido un valor de un millón de dólares”.
Roberto Prieto, jefe de campaña de Juan Manuel Santos, inhabilitado y multado, por caso Odebrecht
Además, según se conoció, Prieto incurrió en la falsedad “del contenido del informe de ingresos y gastos por él suscrito el 25 de junio de 2014, pues, al parecer, se consignó en dicho informe que, no se habían recibido contribuciones o donaciones de particulares, ni ayudas en especie valoradas a su precio comercial”.
En el documento del fallo, la Procuraduría afirma que el actuar de Prieto, como gerente de campaña, “transgredió el principio de transparencia e igualdad electoral, pues no solo se desconoció la prohibición de recibir aportes de personas jurídicas extranjeras, también la campaña fue favorecida con un estudio de opinión que aportó Odebrecht desconociendo dicha prohibición, por encima de los demás candidatos, razón por la cual se presenta una desigualdad”.
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Esta decisión se conoce en medio de la crisis política que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro respecto a posibles irregularidades en la financiación de su campaña a la Presidencia de la República.
