Ser niño, niña o adolescente en Colombia es estar bajo amenaza. Por lo menos eso es lo que demuestran las cifras de violencia sexual contra menores de edad. En promedio, cada hora 2 niños son abusados en el país. Lo más alarmante, es que la mayoría de casos no son denunciados por la ineficiencia del sistema judicial colombiano en este tipo de delitos.
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En Colombia, la violencia sexual contra menores de edad es un asunto alarmante. Cifras elevadas, víctimas que se abstienen a denunciar y una justicia con rutas de atención poco efectivas, hacen parte del desolador panorama.
La Defensoría del Pueblo alertó que existe una falta de coordinación entre entidades y hay una revictimización durante el proceso de atención a las pocas víctimas que se atreven a denunciar. Así lo señala el informe: “Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia: análisis de la respuesta estatal” presentado por la entidad.
“En un paseo una persona abusa de mí, yo era una niña. Lamentablemente, tuve un embarazo y mi mamá, pues me ayudó a abortar. No nos atrevimos a denunciar porque todos se iban a poner en nuestra contra y sabíamos que nada iba a pasar. La familia de él siempre lo justificaba y pues iban a decir que yo lo provoqué. Desde ahí empecé a crecer y caí en adicciones. Fue muy traumático”, explica una víctima que fue abusada sexualmente mientras era menor de edad. Identidad reservada por solicitud de la fuente.
Cada hora en el país se realizan dos exámenes médicos legales por presunto abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entre enero y marzo de 2023 se han realizado cerca de 6.000 pruebas para detectar abusos. De esa cifra, se calcula, un 79% de los casos están relacionados con menores de edad.
Según la Defensoría, el 78% de los casos de abuso se dan dentro del entorno familiar y un 50% de ellos implica a familiares directos. Es decir, los agresores sexuales están más cerca de lo que alguien pueda imaginar. Estos patrones de incurrencia cobran relevancia, porque entre familias, existe una tendencia de censura sobre las víctimas. El silencio se convierte en un elemento más en el caos. Sin embargo, si a eso se le suma la existencia de una deficiencia en la respuesta estatal, se estaría creando un sistema que naturaliza la impunidad y la revictimización.
“La justicia en Colombia no sirve de nada, nosotras no denunciamos porque sabíamos incluso que nuestra familia nos iba a silenciar. Pero igual si hubiéramos denunciado, nada hubiera pasado. Todo sería igual. De verdad sería muy bueno que la gente dejará de ser tan conservadora frente a algo que es malo y es un delito. Lamentablemente, la gente acá en Colombia y la justicia ignora mucho el tema”, agrega la víctima.
Por su parte, el defensor, Carlos Camargo, se mostró preocupado por la falta de seguridad de los niños y niñas en los entornos familiares.
“Se están presentando múltiples obstáculos en el acceso y el respeto a la dignidad de las víctimas en la activación de la ruta de atención (…) en muchos casos se produce revictimización y falta de empatía por parte de los funcionarios y funcionarias al abordar este tipo de situaciones, así como estereotipos de género que dificultan la identificación temprana de casos. La ruta de atención debe ser diferenciada y comprender el entorno del cual provienen las víctimas para asegurar el éxito del proceso de reparación que se inicia en cada caso”, explicó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
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Solo en lo corrido de 2023, la Defensoría ha representado a más de 3.000 menores de edad víctimas de delitos sexuales, un gran porcentaje de ellos, por acceso carnal con menor de 14 años, acceso carnal y acto sexual violento. Lo más lamentable, es que la mayoría de estos casos terminan en el olvido.
“La situación de los niños y niñas víctimas de violencia sexual es de inoperancia de la justicia, altos niveles de impunidad y falta de celeridad en la operación de la justicia. Además de lo anterior, falta de formación y capacitación de instancias como la Fiscalía y jueces que hacen que las niñas y niños sean revictimizados”, Explica Luz Alcira Granada, directora nacional de la ONG Bethany Christian Services Colombia, experta en asuntos de niñez.
Diversos sectores hacen un llamado para que el sistema judicial actúe y fortalezca las redes de apoyo y las rutas de atención para garantizar un acceso a la justicia adecuado, con el fin de restablecer los derechos de las víctimas sin causarles, por el contrario, mayores afectaciones de las que ya presentan.
