En febrero, el costo unitario del kilovatio hora (kWh) de electricidad en la región Caribe experimentó un aumento significativo. Según la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, el valor pasó de $907,22 a $943,46, lo que se reflejará en las facturas de marzo. Esta alza fue reportada por la empresa Air-e, que opera en la región, y coincide con la salida de Edwin Palma, el agente interventor que había estado a cargo del Ministerio de Minas y Energía.
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La Liga de Usuarios no solo señaló el aumento de tarifas, sino también una tendencia preocupante para los habitantes de la región. En el caso de la empresa Afinia-EPM, el costo unitario también subió, pasando de $1.001 a $1.005,60 por kWh, lo que refuerza la tendencia de un encarecimiento en las tarifas eléctricas de la Costa, las cuales continúan siendo las más altas del país. De hecho, en otras ciudades principales, los precios son considerablemente más bajos: en EPM Medellín, el costo es de $919,84 por kWh; en Enel de Bogotá y Cundinamarca, $808,93; y en Emcali de Valle del Cauca, $799,67.
El aumento en las tarifas eléctricas en la Costa no solo ha generado preocupación entre los usuarios, sino también ha alimentado un debate sobre las políticas tarifarias que afectan a los costeños. La Liga de Usuarios recalca que esta diferencia en precios responde a un "régimen especial tarifario" que, según señalan, es perjudicial para la región. Este régimen, según argumentan, tiene su origen en el Gobierno de Iván Duque y fue prorrogado por la actual administración en el Plan Nacional de Desarrollo.
Desde la Liga, se critica además que, pese a las órdenes judiciales, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) no ha acatado las medidas dispuestas por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En respuesta a una Acción Popular interpuesta por los personeros distritales de Barranquilla y Santa Marta, el Tribunal había ordenado la derogación de este "odioso régimen tarifario“. Sin embargo, la Creg sigue sin implementar estas medidas, lo que ha sido catalogado como una violación de los derechos de los costeños.
Contexto Político y Económico
El contexto político de estas decisiones no es menor. La salida de Edwin Palma del Ministerio de Minas y Energía ha sido vista por algunos como un factor que influye directamente en las políticas energéticas del país. Además, el régimen tarifario especial afecta directamente a millones de usuarios en la Costa Caribe, región que históricamente ha sido considerada como una de las más golpeadas por el alto costo de los servicios públicos.
Este aumento de tarifas no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales, ya que incide directamente en los hogares más vulnerables. Los usuarios de la Costa han manifestado su descontento y exigen un trato más equitativo en cuanto a los precios de la electricidad, que consideran excesivos y discriminatorios.
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¿Qué Pasa Ahora?
Con este escenario, la preocupación se extiende a los próximos meses. La Liga de Usuarios advirtió que, si no se toman medidas inmediatas, el impacto en la economía regional podría ser aún más profundo, afectando la capacidad de pago de los ciudadanos y provocando una mayor insatisfacción social. Además, se hace urgente una revisión de las políticas tarifarias y una reconsideración de las decisiones regulatorias que afectan a los habitantes de la Costa.
En conclusión, el aumento del costo de la electricidad en la Costa sigue siendo un tema de debate, marcado por la tensión entre las autoridades nacionales, las empresas de servicios públicos y los usuarios. Lo que es claro es que la situación no está exenta de polémica y, si no se toman acciones correctivas, podría seguir afectando a los costeños y a la estabilidad social de la región.
