El Diario El Espectador ha revelado una preocupante investigación en la da a conocer que la madera extraída ilegalmente del Parque Natural de Paramillo fue utilizada en obras para la reconstrucción de viviendas en San Andrés y Providencia, tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020, bajo el gobierno de Iván Duque. La madera fue deforestada por una red ligada al Clan del Golfo, y terminó siendo parte de un contrato adjudicado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (Ungrd). Las empresas involucradas afirman no tener relación con grupos criminales y aseguran que las obras fueron concluidas exitosamente.
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El caso salió a la luz cuando, el 28 de octubre de 2021, la Policía Nacional detuvo un camión que transportaba 1.002 listones de madera a la base naval de Cartagena. La madera provenía de Maderas el Amparo, una empresa que, según las autoridades, ha deforestado grandes áreas del Parque Natural de Paramillo desde 2016. Esta área es uno de los principales bastiones del Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia, liderado por Chiquito Malo.
Cuando la policía inspeccionó los documentos del camión, encontró que el cargamento estaba destinado a la Ungrd, lo que levantó sospechas. Esta entidad, encargada de gestionar los desastres naturales, tiene un régimen especial de contratación que ha sido objeto de escándalos de corrupción en el pasado. Aunque algunos de sus antiguos directivos ya han confesado participar en hechos de corrupción, este caso se remonta al gobierno anterior, cuando Eduardo José González Angulo era director de la unidad.
El Clan del Golfo utilizó madera ilegal del Parque Natural Paramillo para la reconstrucción de Providencia
La investigación ha revelado una ruta criminal en la que la madera deforestada ilegalmente en el Paramillo llegaba a empresas intermediarias y luego a las obras de reconstrucción en las islas. Una de las empresas que compró la madera fue Asglobal, propiedad de Víctor Marenco Betín, quien confirmó haber adquirido cerca de 16.000 listones en 2021. Según Marenco, desconocía el origen ilícito de la madera, ya que la misma contaba con los permisos legales. Otra de las compañías involucradas fue Inacon SAS, que firmó un contrato con la Ungrd para reconstruir viviendas en Providencia. El entonces representante legal de la empresa, Juan Gabriel Portilla Colunge, también negó cualquier relación con Maderas el Amparo y aseguró que la obra fue finalizada con éxito en junio de 2022.
Sin embargo, la madera deforestada por Maderas el Amparo no solo terminó en las obras de San Andrés y Providencia, sino que también fue vendida a otras compañías como Colgran SAS, cuya actividad principal es la provisión de kits alimentarios para comunidades vulnerables. Aunque esta empresa ha trabajado con el Estado en diversas ocasiones, no respondió a los intentos de El Espectador para obtener una declaración sobre el tema.
Las autoridades también investigan a Ariel Enrique Zambrano Meza, quien fue subdirector de la Ungrd durante el gobierno de Duque, y quien firmó el contrato con Inacon. Aunque inicialmente respondió a los periodistas, posteriormente dejó de hacerlo. Zambrano enfrenta un juicio disciplinario por su papel en la mala gestión de otra emergencia ambiental en el jarillón Caregato, en La Mojana, Bolívar.
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El informe policial señala que las empresas constructoras suelen tener dificultades para verificar si la madera que adquieren proviene de fuentes legales o ilegales, ya que los permisos de comercialización pueden ser expedidos de manera corrupta. Este es el caso en áreas como el Paramillo, donde el control de la deforestación ilegal es complicado debido a la presencia de grupos criminales como el Clan del Golfo.
En cuanto a los responsables de la deforestación, los hermanos Ruby y Germán Villalba Luna, dueños de Maderas el Amparo, han sido capturados y enfrentan cargos por concierto para delinquir y explotación ilícita de recursos naturales. La Fiscalía ha recolectado evidencia en su contra, incluyendo interceptaciones de llamadas y registros financieros que sugieren que los hermanos se lucraron con más de $6.000 millones entre 2016 y 2023 por sus actividades ilegales. Además, se calcula que la red criminal deforestó más de 400 hectáreas del parque durante ese mismo período.
Los Villalba Luna ya habían sido capturados en 2021 por deforestación, pero lograron obtener una rebaja de pena al comprometerse a colaborar con la justicia y reforestar el área dañada. Sin embargo, fueron nuevamente arrestados en 2023 por continuar con la tala ilegal. El Espectador contactó a la abogada de los hermanos, Oriana Zumaqué, quien afirmó que sus clientes actuaban dentro de la legalidad y que no tienen vínculos con grupos criminales. A pesar de ello, la Fiscalía planea llevarlos a juicio el próximo 30 de septiembre.
La investigación también revela que la madera ilegal llega al puerto de Puerto Frasquillo, en el municipio de Tierralta, un territorio controlado históricamente por grupos paramilitares. Allí, un hombre conocido como Robinson Antonio Fernández Úsuga, alias “El Viejo”, es señalado como el líder de la red de deforestación. Aunque Fernández Úsuga ha sido vinculado en el pasado con el Clan del Golfo y condenado por narcotráfico, niega las acusaciones actuales.
La madera cortada en el Paramillo es transportada en tractomulas a Montería, donde se procesa para ser vendida. Desde allí, sigue una ruta hasta Cartagena, donde es embarcada hacia las islas en barcos de la Armada Nacional. Lo más grave es que se ha utilizado madera de especies vulnerables y protegidas, como el Cedro y el Abarco, en la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Las autoridades han advertido que este tipo de crímenes ambientales no solo afectan los ecosistemas locales, sino que tienen un impacto negativo a nivel global en el contexto del cambio climático.
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Las cifras de deforestación en el Paramillo son alarmantes. Según el Ideam, entre 2015 y 2022 se perdieron más de 8.400 hectáreas de bosque, lo que equivale a unas 16.800 canchas de fútbol. Este devastador proceso no solo afecta a la biodiversidad, sino que también amenaza los medios de vida de las comunidades indígenas que habitan la región.
