Uno de los principales dolores de cabeza de los habitantes del departamento del Atlántico es sin duda el alto costo que históricamente han tenido que pagar por el servicio de la electricidad. De hecho, esta tarifa ha registrado aumentos de hasta el 50 % en el recibo, situación que hoy tiene en jaque el bolsillo de los ciudadanos y en vilo a los empresarios de esta región del país.
Las cifras no mienten. De acuerdo a la misma Alcaldía de Barranquilla, en promedio un hogar de estrato 1 en Bogotá paga cerca de $36.039, mientras que a uno en las mismas condiciones en el norte del país le cobran $90.526.
A esto se suman denuncias de personas de bajos recursos del Caribe, a quienes, sin tener aire acondicionado ni ventilador, les han llegado recibos por encima de los $250.000.
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La ciudadanía se unió ante esta crisis para hacer un llamado crítico a la dirigencia local, regional y al Gobierno Nacional por la falta de articulación en la búsqueda de soluciones. Algunos mandatarios del departamento le han pedido al Gobierno Nacional un control tarifario, propuesta que a la fecha no ha tenido ningún avance, por lo menos positivo. Pero la ciudadanía considera que no solo el Gobierno es responsable y que dichos mandatarios deben tomar acciones y reconocer su responsabilidad frente a otros componentes que se cobran en el recibo de la luz.
¿Qué les cobran en el recibo de la luz en Barranquilla?
En el Atlántico, por ejemplo, existe un oneroso impuesto de alumbrado público, aprobado por alcaldías y concejos, además de una altísima tasa de seguridad y convivencia, aprobada por la Gobernación y la Asamblea Departamental. Frente a esta última, algunas denuncias ciudadanas cuestionan que el dinero de la tasa de seguridad esté siendo utilizado para el mantenimiento de parques, con la aprobación de la Asamblea, pese a una grave crisis de extorsiones e inseguridad en el territorio.
En este contexto, una iniciativa ciudadana de la organización internacional de activismo digital Change.org, que se materializó con más de 19.100 firmas de la comunidad, logró que el Ministerio de Minas y Energía aceptara reunirse con la sociedad civil del Atlántico para definir una Asamblea de Usuarios de Energía y Servicios Públicos en Barranquilla y el departamento con el fin de revisar el alto costo de la tarifa. La fecha del encuentro será el martes 10 de octubre a las 4 de la tarde. Allí se definirá cuándo inicia la Asamblea.
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Petición de la comunidad
La petición que se hizo viral en redes sociales por medio del hashtag #TarifaJustaYa y que ha generado cerca de 1 millón de interacciones en redes sociales en la última semana, logró recoger más de 19.100 firmas de apoyo y estas fueron entregadas presencialmente en las oficinas de MinEnergía el pasado viernes 6 de octubre, durante una reunión en la que lideresas del Atlántico fueron recibidas con el acompañamiento de Change.
De acuerdo con la líder de esta petición, Karol Solís Menco, politóloga, al Gobierno se le exige lo justo, una reforma al sistema de cobro de las tarifas de energía e intermediación frente al alumbrado público en el Atlántico, solicitud que vería con buenos ojos el ministro Omar Andrés Camacho. “Esta medida resulta crucial para abordar de manera integral los problemas que afectan directamente a nuestra comunidad en relación con el servicio público de energía”, señaló Solís.
Asimismo, la líder de la comunidad agregó que su solicitud se respalda en los diferentes componentes, según ella, injustificados que se cobran en la factura de energía, entre ellos “el cobro por las pérdidas no técnicas o el robo de energía que es trasladado injustamente a todos los usuarios. A eso se suma el costo también injustificado del alumbrado público que, al parecer, sólo beneficia a grandes grupos privados y políticos en detrimento del interés y bienestar público, en complicidad de las administraciones distritales y municipales, y los respectivos concejos”.
Solís igualmente reprochó la tasa de seguridad y convivencia recaudado por la Gobernación del Atlántico por años, con el respaldo de los asambleístas, que se cobra actualmente en la tarifa. “Nuestros bolsillos se empobrecen mes a mes y cada vez más familias caen en la pobreza por la incapacidad de pagar un recibo exorbitante, hay estudios que lo demuestran, como uno publicado por Fundesarrollo”, dijo.
En contexto, vale recordar que el elevado aumento en el costo de la energía y el alumbrado público en el departamento se debe, en buena medida, a un régimen especial aprobado en el Plan de Desarrollo del pasado Gobierno del presidente Iván Duque que autorizó a la empresa Air-e incorporar en la tarifa un mayor porcentaje de pérdidas no técnicas. Estas pérdidas, explicó Solís, “engloban problemas como el robo de energía y el fraude, y representan un agravio a los ciudadanos que bajo ningún concepto deberían pagar por estos hechos delictivos sobre los que no tienen control”.
