Colombia se encuentra entre los tres países más biodiversos del mundo, un hecho que el mismo Gobierno ha reconocido en muchas de sus comunicaciones oficiales. Con gran ostentación, afirma; “Colombia es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado y cuenta con cerca del 14% de la biodiversidad del planeta…” y aquí es donde viene la mejor parte; “la riqueza biológica representa una herramienta única para el desarrollo económico y social a largo plazo, y la erradicación de la pobreza”. Sin embargo, la deficiente gestión del Ministerio de Ambiente y las posturas políticas del Gobierno que priorizan las actividades extractivas y los intereses industriales sobre la protección de nuestros ecosistemas y de los líderes que los defienden, demuestra que el discurso ambiental del Gobierno es meramente cosmético.
Hace dos semanas fue presentado en el Congreso el Presupuesto General de la Nación para el año 2022 y de nuevo, nos volvimos a enfrentar a las abiertas contradicciones entre lo que comunican y lo que hacen en materia de protección ambiental.
La ONU (Organización de Naciones Unidas) recomienda que los países deberían invertir al menos el 1% del presupuesto nacional anual para toda su gestión ambiental, especialmente en estos momentos en los que la crisis climática se ha consolidado en la mayor amenaza que afronta la humanidad y la adopción de medidas para combatirla no da espera. Sin embargo, en Colombia estamos muy lejos de cumplir estas recomendaciones y preferimos invertir cuantiosos recursos en comunicar compromisos que el Gobierno no está dispuesto a cumplir, en vez de adjudicarlos al desarrollo de políticas ambientales efectivas.
En el Presupuesto General que propuso el Gobierno para el año 2022, al sector ambiente solo le correspondió el 0,13 % del total, monto que, además, implicó un incremento del 17,2% del rubro destinado al sector en la vigencia anterior.
Pero además del escaso porcentaje destinado para el sector ambiental, llama la atención el criterio empleado para la asignación de recursos a las Corporaciones Autónomas Regionales, en el que aparentemente poco se tienen en cuenta las riquezas biológicas, contextos sociales o amenazas ambientales propias de la región, y más bien, como en la mayoría de casos, la repartición se fundamenta en criterios meramente políticos.
¿Por qué el Chocó, una de las tres regiones más biodiversas del país y sin duda una de las más necesitadas de inversión social, recibirá tan pocos recursos para el sector ambiente? A la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó, le fue asignado el -37,3% menos de lo asignado en el presupuesto anterior. Curioso que en el mismo presupuesto la Corporación Autónoma del Cesar – Corpocesar, tiene un sorprendente aumento en la asignación del 622,7%. ¿En verdad creció tanto la población del Cesar en un solo año o generó ingresos corrientes más que otras regiones en el mismo periodo?, ¿No será más bien que el Gobierno actual tiene más aliados políticos en Cesar que en el Chocó y ajustó el presupuesto en año de elecciones?
Estas decisiones, no solo se adoptan en detrimento de la protección de nuestros ecosistemas, sino desconociendo también la urgencia de implementar medidas y adoptar estrategias para proteger a los líderes ambientales que diariamente luchan por proteger los territorios. Durante dos años consecutivos, Colombia ha sido clasificado como el país en el que asesinan mayor cantidad de líderes ambientales, según Global Witness. En lo que concierne al 2020, la investigación encontró que de los 227 defensores ambientales asesinados por proteger el medio ambiente en todo el mundo, Colombia registró 65 muertes, es decir casi el 30% de las muertes se produjeron en nuestro país.
Ni siquiera esta deshonrosa posición llevó al Gobierno a destinar mas recursos para la protección del medio ambiente, ni ha sido fundamento suficiente para la ratificación del acuerdo de Escazú a tiempo y tampoco alcanzó para sensibilizar al ministro de ambiente Carlos Correa, quien en pasados días dejó plantados a más de 70 líderes ambientales que viajaron a Bogotá desde distintas regiones del país para ser escuchados en defensa de sus territorios. El ministro no tuvo la delicadeza de enviar a un delegado, ni siquiera.
Este panorama es una muestra clara del desprecio de este Gobierno frente a la defensa del medio ambiente, de los territorios, de las comunidades étnicas y de los liderazgos que plantean un modelo distinto de desarrollo del territorio. No pareciera claro ni probable el cumplimiento de las metas que se ha trazado el presidente en la lucha contra el cambio climático, ni una transición verdadera a energías limpias y menos a modelos de desarrollo sostenible. Es imperativo que el próximo gobierno tenga un verdadero compromiso ambiental fundamentado en el diálogo fluido con las comunidades y los líderes ambientales, respaldado en asignaciones presupuestales verdaderamente significativas que permitan la protección de nuestros ecosistemas y, con ellos, nuestra biodiversidad, que a su vez se convierte en una herramienta de desarrollo social.
A propósito:
Pasaron 600 días desde que el presidente Duque hizo el anuncio en el que prometió radicar el proyecto de Ley mediante el cual Colombia ratifica el Acuerdo de Escazú. El proyecto finalmente fue ratificado y sin mensaje de urgencia. Lamentable que lo hagan justo cuando están Glasgow, ¿otra lavada de cara la comunidad internacional?
