El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo el miércoles, 24 de enero, ante la decisión de la Procuraduría General de suspender al canciller Álvaro Leyva Durán por tres meses debido a posibles irregularidades en la licitación del contrato para la fabricación de pasaportes.
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Desde el municipio de Guapi, Cauca, donde se encontraba llevando a cabo la llamada toma del Pacífico junto a su gabinete, Petro afirmó: “Nos va a costar, nos van a suspender ministros aquí y ministras allá, ya lo vivimos en Bogotá Humana, no nos van a dejar gobernar (...) No puede ser que lo que se presente ante el mundo sea la vergüenza de que se suspenden los funcionarios que están haciendo su tarea”.
Según lo informó la sala disciplinaria de instrucción de la Procuraduría, “el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas, cometidas a título de dolo: la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”.
Frente a esta situación, la Procuraduría ha formulado cargos contra el ministro Leyva, alegando que aparentemente decretó la urgencia manifiesta durante el desarrollo del proceso contractual, sin contar con causales que respaldaran esa decisión. En septiembre pasado, la Procuraduría inició una investigación tanto contra Leyva como contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por posibles irregularidades relacionadas con la anulación de la licitación para la emisión de pasaportes.
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La Cancillería fundamentó en ese momento la anulación de la licitación basándose en argumentos presentados por otras empresas interesadas, las cuales sostenían que no existía una competencia justa, dado que durante los últimos 17 años la misma empresa, Thomas Greg & Sons, había sido la responsable de la producción de pasaportes y etiquetas de visado colombianas.