La Fiscalía General de la Nación reveló que entre los 10 policías capturados están cuatro adscritos a la Sijín y seis eran integrantes del Grupo de Operaciones Especiales – GOES de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Los uniformados habrían retenido a una mujer y sus dos hijas menores de edad durante un falso procedimiento judicial. Además, habrían cobrado 50 millones de pesos para no capturarla y no entregar a las niñas al ICBF.
De acuerdo con la investigación adelantada por una Fiscalía Delegada ante el Tribunal, el hecho se registró en agosto pasado cuando los uniformados habrían realizado una diligencia de allanamiento sin orden judicial a la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Paz y Progreso de Cúcuta (Norte de Santander). Ahí mismo fue donde retuvieron durante varias horas a la mujer y las dos niñas.
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10 policías fueron capturados por falso procedimiento judicial en Cúcuta
Los uniformados capturados son: los intendentes Iván Reinaldo López Rangel y Wilson Carrillo Celis; el subintendente Reynaldo José Chaustre Zambrano y los patrulleros: Jairo Antonio Martínez Cuadros, Paola Andrea Peralta Becerra, Deiby Johan Báez Guerrero, Wilmer Ismael Forero Torres, Gerson Ferney Lindarte Ramírez, Ramón Alberto Martínez Becerra y Hervin Danilo Velandia Vivas.
Dentro del material probatorio con el que cuenta la Fiscalía, se encuentra que los uniformados habrían exigido la suma de 50 millones de pesos a cambio de no capturarla y de no entregar a las menores de edad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Durante el falso allanamiento, los policías se encontraron varias cajas de mercancía en las que había jeans y cigarrillos, por los que dijeron que no contaban con la documentación y los soportes para demostrar su legalidad. Sin embargo, la víctima indicó que la mercancía es de propiedad de su hermana y que efectivamente era legal.
“De acuerdo con los testimonios, momentos después llegó a la vivienda la mencionada hermana y los procesados, al parecer, le exigieron 40 millones de pesos. La mujer habría consignado 20 millones de pesos y le habrían dado un plazo para que en la tarde de ese día entregaran el resto del dinero”, indicó el ente acusador.
Las capturas fueron legalizadas por un juez de control de garantías del Circuito Judicial de Cúcuta (Norte de Santander) y ahora deben enfrentar un procedimiento judicial por los delitos de secuestro simple agravado, concusión y falsedad ideológica en documento público.
