En Mocoa sus habitantes no se olvidan de esa madrugada del 1 de abril de 2017, en la que el ruido los despertó en medio de la oscuridad y la fuerza con la que bajaba el agua no les dio tiempo de poner a salvo a sus seres queridos ni sus objetos más preciados.
Ya han pasado casi seis años desde esa noche, en la que más de 300 personas perdieron la vida debajo del lodo y quienes sobrevivieron lo perdieron todo. Para ese momento, todo el Estado se movilizó hasta esa región del Putumayo y se hicieron promesas que aún faltan por cumplir.
Hoy el panorama es sombrío: en la zona donde estarán los nuevos barrios solo hay paredes en cemento y los trabajadores de la zona han denunciado constantemente incumplimientos.
La comunidad pide que no los dejen en el olvido y que, por fin, cumplan con lo que prometieron.
También le puede interesar: Especial Mocoa: Rezagos de la avalancha que intentó borrar un pueblo
Irregularidades
El pasado 2 de febrero el contralor General viajó hasta Mocoa para anunciar que abriría un proceso de responsabilidad fiscal por $21.000 millones de pesos, por el daño al patrimonio público causado con las irregularidades en la obra del acueducto de Mocoa.
Esta obra está en espera desde el 2017 y en el gobierno de Iván Duque se comprometieron a entregarla en 2021, junto a la reconstrucción de las viviendas que iban a estar listas en 2022, pero la realidad fue que a finales de 2022 solo reportaron 12 casas construidas que no contaban con los servicios.
De hecho, solamente se ha ejecutado a la fecha un 5% del total de la obra de las viviendas, afectando de esta forma a 909 familias con un retraso injustificado de más de 5 años en la construcción del proyecto de viviendas de Sauces II.
“El valor inicial del daño al patrimonio público por esta situación llega a $5.748 millones, correspondiente al valor de los subsidios de arriendo adicionales que se han venido otorgando y pagando a los damnificados de la avalancha de Mocoa”, dijo la Contraloría.
Lo que quiere decir que durante estos años el Estado ha entregado a los damnificados un bono mensual de arriendo que, dividido entre tantas familias por tantos meses, termina siendo una ayuda mínima.
Dichas ayudas se han dado por los incumplimientos que han impedido la culminación del Proyecto de Vivienda Sauces II.
Denuncias
Hace un par de meses los obreros de estas construcciones se declararon en paro y decidieron no seguir trabajando hasta que se pusieran al día con los pagos que les debían. Denunciaron que el contratista les prometió que, por cada casa terminada, les entregaba un pago además de la alimentación de ellos y un subsidio de vivienda, pero eso nunca sucedió. El contratista, en su defensa, dijo que el consorcio aún no estaba al día con los pagos de salud y ARL.
El representante del Putumayo por el Pacto Histórico, Andrés Cancimance, ha estado revisando el estado de las obras y reciente expresó su asombro por lo que ocurre en la capital de ese departamento: “Hay cosas preocupantes que el contralor no mencionó sobre la ejecución. Por ejemplo, los trabajadores abandonan el proyecto una y otra vez por falta de pago, el Consorcio manifiesta que no hay personal calificado y no calificado para trabajar, los contratistas dicen que nos les llega el material y así de uno a otro se trasladan la responsabilidad, entonces la pregunta es: ¿Quién le responde a Mocoa?”.
También hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se ponga al frente de esta situación. Tal y como lo plantea el contralor, las perdidas son millonarias y luego de seis años no se le ha dado solución a las más de 900 familias afectadas.
Por eso, Cancimance insistió en que “es momento de cumplirle a Putumayo, que el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez pongan en sus prioridades la reconstrucción de Mocoa”.
Finalmente, el proyecto entró en el PND
Una buena noticia que se dio esta semana y que esperan que esta vez sí se cumpla es que el Gobierno Nacional incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) la reactivación tanto de la construcción del acueducto como la reactivación del proyecto de viviendas.
El subdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Óscar Goyeneche Durán, indicó que la empresa constructora se comprometió a que cada 15 días hará una rendición de cuentas sobre los avances que tengan, en cumplimiento del cronograma de las obras.
Además, en la actualidad hay una mesa de seguimiento con las familias afectadas que serán las que harán veeduría constante de estas obras.