Este jueves 2 de febrero, la Fiscalía General y la Justicia Penal Militar y Policial, hicieron efectivas siete órdenes de captura, en el marco de operaciones contra la corrupción dentro de esta institución.
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Por un lado, se trata del Intendente Oscar Vanegas y los patrulleros; Walder Orjuela, Johan Hernández y Jairo Pineda, que prestaban servicio en las estaciones de las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Suba.
Estos uniformados están siendo investigados por los presuntos delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión, al parecer, contra establecimientos públicos de la zona, así lo informó la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).
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Es decir, el primer delito estipulado en el Artículo 405 del Código Penal, determina que “el servidor público que reciba dinero u otra utilidad, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de 80 a 144 meses”.
Mientras que por prevaricato por omisión, señala que “el servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses”.
Las otras capturas
Sumado a estas aprehensiones, el CTI de la Fiscalía llegó hasta el barrio Normandía, hacia el mediodía del jueves, para capturar al coronel Ricardo Alberto Durán, adscrito a la Dijin de la Policía, destacado oficial en la lucha contra el delito.
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Durán es investigado por presuntamente filtrar información a bandas criminales. Por lo que habría cometido los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir, falsedad Ideológica en documento público, fraude procesal y violación a datos personales y de comunicaciones.
Finalmente, en la noche de este mismo 2 de enero, la Policía capturó a otros dos uniformados de la Mebog por los presuntos delitos de concusión, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
“Se mantendrán las acciones de control e investigación contra aquellos miembros de la Institución que se aparten de los deberes legales que les asisten como servidores públicos”, sentenció el general Marco Aurelio Bolívar, Fiscal Penal Militar y Policía.
