La ciudad de Bogotá, cuenta con ocho Centros Locales de Encuentro para la Paz y la Integración Local de Víctimas del Conflicto Armado Interno (CLAV), ubicados en las localidades de: Suba, Chapinero, Fontibón, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Usme.
“Las medidas de atención, asistencia y reparación adoptadas por el Estado, tendrán la finalidad de contribuir a que las víctimas sobrelleven su sufrimiento y, en la medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados. Estas medidas se entenderán como herramientas transicionales”, detalla el artículo 9.
Y es que en estos lugares - pertenecientes y dirigidos por la Alta Consejería De Paz, Víctimas Y Reconciliación- las víctimas acceden a ayudas humanitarias como: alojamiento, elementos de aseo, transporte de emergencia, alimentación, asistencia funeraria, acompañamiento psicosocial u orientación jurídica.
Dada su importancia de deber de auxilio primario para cualquier persona que haya sufrido un hecho victimizante en el marco del conflicto armado interno y arribó a la capital, desde el 19 de diciembre de 2022, la entidad distrital anunció el cierre de cuatro de los ocho puntos (Patio Bonito, Suba, Bosa y Ciudad Bolívar) por cerca de un mes.
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Esta novedad fue denunciada por los concejales, Lucía Bastidas del Partido Alianza Verde; y Manuel Sarmiento, del Partido Dignidad. Quienes, en conversación con PUBLIMETRO COLOMBIA, expusieron las implicaciones de esta suspensión temporal.
“Esto es grave en primer lugar por las implicaciones que tiene para las víctimas cuando viene en aumento los delitos en el país y fenómenos como el desplazamiento forzado, pues buena parte de ellas llegan a la capital y generalmente donde hay mayores niveles de pobreza. Por eso que haya cerrado Kennedy o Ciudad Bolívar, donde se concentra el mayor número de víctimas, es grave”.
Por su parte, la cabildante, Bastidas, señaló: “Lo que me han denunciado es que hay un caos en la contratación. Yo no sé si se repita un tema de planeación en todas las entidades. Sacaron a mucha gente que venía con experiencia y las denuncias que tengo es que están como milimétricamente, políticamente, dando esos contratos de prestación de servicios a nueva gente. Por eso no había personal para atender todos los Centros de Atención”.
No fue hasta el 18 de enero de este año, que nuevamente todos los centros retornaron en su horario habitual, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lo que implicó el cierre para las víctimas
PUBLIMETRO COLOMBIA, diálogo con Martha Rentería, víctima de desplazamiento forzado, luego de sufrir dos atentados por parte de los paramilitares a causa de su activismo como lideresa social en Jamundí, Valle del Cauca.
Llegó hace 15 años a Bogotá y ahora, es coordinadora de la mesa local de la localidad de Bosa y hace parte de la reivindicación de la lucha de las mujeres a nivel nacional.
“Es muy duro llegar como víctima a esta ciudad. Todo el mundo desconfía. Tenía que buscar como irme reconstruyendo e ir hablando con la gente, porque aislarse eso le quita la vida a uno. Por eso yo defiendo los Centros porque me pongo en los zapatos de quienes llegan”.
Martha, quien además es partera y posee ese conocimiento ancestral, aseguró que la comunidad de Bosa no sabía de este cierre y solo encontraban un cartel en la entrada. Además, dijo, es la primera vez que se clausuraba temporalmente.
“Si yo llego a Bosa, yo quiero que todo esté ahí porque no conozco la ciudad. Y se me dificulta irme a otro Centro. Entonces hay que facilitar que todo lo encuentre cerca para que no haya un desgaste emociona -porque llegan y se sienten tristes al ver que les toca ir más lejos-, físico y económico”.
¿Qué responde la Alta Consejería para las Víctimas?
En comunicación con este diario, la entidad distrital explicó el por qué del cierre temporal de cuatro centros desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 18 de enero de 2023.
En primer lugar, aseguran que desde el 1 de enero de 2020, “han mantenido ininterrumpidamente, la ayuda humanitaria inmediata a la población víctima del conflicto armado interno”.
Y señalaron que esto ocurrió por un proceso de contratación del equipo de colaboradores y colaboradoras. “Al inicio de cada año, en virtud del principio de anualidad fiscal, se adelanta el proceso. Esto ocurre en todos los niveles de gobierno y en todas las entidades públicas. En la Alta Consejería de Paz, siempre se prioriza la contratación del equipo que se encarga de la atención directa a la población víctima, especialmente de quienes trabajan en nuestros Centros de Encuentro”.
Más allá del cierre temporal de los cuatro centros, quedan más preguntas que respuestas. Por un lado, las víctimas piden mayor número de funcionarios en los Centros de Atención y que instituciones como la Secretaría de la Mujer y de Desarrollo Económico y SENA, hagan presencia.
Mientras que desde la otra esquina, según denuncias de los cabildantes Bastidas y Sarmiento, el tema presupuestal y de contratación tendría que ver con este caso.
Entonces, ¿La Unidad de Víctimas ya puso el foco en esta petición? ¿Por qué no se está contratando el suficiente personal? ¿Es un tema presupuestal? ¿Se redujo el presupuesto de 2023 para estos programas? ¿Qué proyectos está priorizando la Alcaldía?
Dato: Se estima que en la capital, residen más de 378 mil víctimas del conflicto armado, lo que corresponde al 4,1 % del total de esta población en el país.
Chapó: Dada su importancia de deber de auxilio primario para cualquier persona que haya sufrido un hecho victimizante en el marco del conflicto armado interno y arribó a la capital, desde el 19 de diciembre de 2022, la entidad distrital anunció el cierre de cuatro de los ocho puntos (Patio Bonito, Suba, Bosa y Ciudad Bolívar) por cerca de un mes.
Cita destacada: “Lo que nos brindan no son beneficios, son derechos. Porque nosotros venimos de un territorio, no porque queremos, sino porque somos víctimas de un conflicto armado y lo que pedimos es restitución de nuestros derechos”.
