El Eln tiene presencia en 212 municipios de Colombia, especialmente en los departamentos de Nariño, Arauca, Norte de Santander y Chocó, y busca “expandirse”, según un informe que publicó este viernes la Defensoría del Pueblo.
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El Eln, primer grupo armado ilegal en sentarse a negociar con el Gobierno de Gustavo Petro, tiene presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia y “se encuentra en proceso expansivo en Nariño, y en disputas por territorios con disidencias de las Farc en Arauca y con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también llamadas Clan del Golfo en Chocó”, indicó.
Tras los avances en la conformación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Eln, la Defensoría del Pueblo presentó un mapa nacional de riesgos por la actividad de esa guerrilla en el país, en el cual se observan las zonas en las que tiene mayor influencia.
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Este mapa detalla que los “elenos” tienen presencia, hacen tránsito o intermitencia en 212 municipios de 22 departamentos, principalmente, en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Pero también tiene una importante presencia en Tolima, Risaralda, Caldas, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, La Guajira, Boyacá, Casanare, Vichada y Guainía, además de Cundinamarca y Bogotá.
La Defensoría explicó que el accionar del Eln “tiene características muy variadas en las distintas regiones del país”, ya que adelanta procesos de expansión, consolidación y de disputa con otros grupos armados.
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Por ejemplo, en Norte de Santander, en particular en la región del Catatumbo, el Eln está consolidado, mientras que en Nariño tiene la intención de expandirse y en Arauca y Chocó mantiene una disputas con otros actores armados por el control social y territorial.
El mapa también revela que entre 2017 y 2022 la Defensoría del Pueblo ha emitido 148 alertas tempranas por el accionar del Eln, lo que corresponde al 58 % del total.
“En el arranque de la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN, desde la Defensoría del Pueblo le solicitamos a este grupo armado ilegal que frene las acciones que generan confinamientos o desplazamiento de comunidades, retenciones, homicidios selectivos o reclutamiento de menores de edad, entre otras vulneraciones en contra de las comunidades”, recalcó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El funcionario pidió a los demás grupos armados ilegales que acojan la convocatoria al diálogo que viene haciendo el Gobierno de cara a un proceso de “paz total”.
