Este viernes, 28 de octubre, la Federación Nacional de Jueces y Fiscales del país se pronunció en respuesta a las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al señalar de inadecuadas las decisiones de los jueces de control de garantías porque los ladrones que la policía captura, son dejados en libertad.
Rafael Antonio Matos, presidente de la Federación Nacional de Jueces y Fiscales, dijo que “rechaza las ligeras afirmaciones de la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a causa de las decisiones los jueces de control de garantías en casos de delitos de hurto que la Fiscalía lleva a los Despachos Judiciales”.
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El presidente indica que la opinión de la alcaldesa “no constituye un ejercicio sano para el respeto de la institucionalidad y la autonomía de los poderes públicos y, precisamos que los Jueces no somos quiénes construimos la Ley y por tanto, no determinamos las causales de libertad provisional y mucho menos establecemos los topes mínimos y máximos de pena”.
Dijo que Colombia suscribió La Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que se integran a la Constitución colombiana, a la cual todos estamos sometidos, incluyendo los alcaldes.
“Corresponde a los ciudadanos acatar los estándares de independencia de la judicatura, cuya misión fundamental es garantizar los derechos de los asociados dentro del marco de la Ley y la Constitución, por ello el ciudadano que desconozca la norma aplicada por los funcionarios judiciales no queda con licencia para descalificar a los servidores de este poder público”, agregó.
Asimismo, señaló que “las posiciones argumentativas de la burgomaestre de la capital de la República, sin duda constituyen una inaceptable e irrespetuosa injerencia en la función judicial, cuando el marco del proceso penal se brinda a sus actores las herramientas adecuadas para la controversia y disenso”.
La petición de los jueces a Claudia López
El presidente solicitó en general a las autoridades públicas “no tratar de imponer opiniones distantes del interior de cada trámite judicial, como en los tiempos de autocracia, y se invita a acudir al conocimiento legal y a la discusión en los escenarios propicios para afrontar la debilidades de la justicia, cuyas falencias dista de la rectitud de quienes administramos justicia en nombre de la República”.
Matos le recordó a la alcaldesa de Bogotá, “que la política criminal del Estado la determinan los otros poderes públicos, y los jueces de garantías y demás funcionarios de la especialidad penal, solo estamos sometidos al imperio de la Ley, en el alcance y sentido lato que le ha dado la Corte Constitucional al canon 230 superior”.
