La construcción de paz en el país ha sido una tarea que el gobierno Duque se dispuso a hacer a regañadientes, pues en primer lugar hay que resaltar que su partido, el Centro Democrático, se posicionó en el gobierno tras una fuerte campaña por el “no” en el plebiscito que permitiría la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, alejando así al mandatario de los sectores que impulsaron el Acuerdo.
A pesar de que ganó esta campaña y el “no” se sobrepuso en las votaciones de ese día, el Acuerdo finalmente fue firmado con modificaciones por el Gobierno de Juan Manuel Santos por medio del mecanismo de ‘fast track’ que la Corte Constitucional avaló.
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Tras posicionarse a la cabeza del Gobierno, Iván Duque comenzó a hablar de que la bandera de su programa para implementar el Acuerdo de Paz sería la “paz con legalidad”, en donde prometió seguir amparando a las víctimas, a las personas en reincorporación y a las familias en proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Duque declaró ser amigo de la implementación de la paz, pero lo llamaron “mentiroso”
A dos días de su salida, el Gobierno Duque plantea un avance en construcción de paz que apuntó a que dio todo su apoyo a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como lo declaró el pasado 20 de julio en la posesión del nuevo Congreso de la República, mismo día en que lo acusaron de “mentiroso” por proyectarse como un amigo de la implementación de la paz. Sin embargo, las cifras de asesinato a líderes sociales, firmantes de paz y masacres generaron una gran preocupación en sus 4 años de gobierno.
En su más reciente informe, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), expuso que durante el gobierno saliente, desde el 7 de agosto de 2018 hasta el pasado 4 de junio del presente año, asesinaron a 930 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, a 245 firmantes del Acuerdo de Paz y ocurrieron 261 masacres. Los cinco departamentos que más se vieron afectados por estas violencias particulares fueron Cauca (330 eventos), Antioquia (187 eventos), Nariño (142 eventos), Valle del Cauca (112 eventos) y Putumayo (96 eventos).
Camilo González Posso, director del Instituto, declaró para Publimetro Colombia que el balance a nivel general de la construcción de paz en estos últimos cuatro años hace evidente un déficit en la implementación del Acuerdo. Esto ha generado “consecuencias graves en la debilidad para contener la recomposición de violencias tanto de grupos armados como de violencia sociopolítica”.
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El Acuerdo de Paz fue defendido por organizaciones y comunidad internacional
A pesar de este déficit, González es enfático en que la implementación no se ha hecho “trizas” gracias a la presión de los movimientos sociales y la gestión internacional que ha propendido por que el Acuerdo de Paz se mantenga a flote. “Pero sí se ha perdido tiempo, oportunidades. Eso se refleja en los indicadores de persistencia de diferentes formas de violencia, como el desplazamiento forzado, que sigue siendo crítico”, expuso.
Y es que cuando se aprobó el Acuerdo de Paz el desplazamiento forzado en el país cayó de 300.000 al año a una cifra de 120.000 personas en el año siguiente de la firma. En el último año, según acota Indepaz, se registra una cifra de 130.000 personas desplazadas forzadamente, lo cual indica que no se ha logrado revertir la situación principalmente en la región Pacífico, Catatumbo, Arauca y Putumayo. De los aspectos más impactantes se destacan las masacres, pues “después de haberse presentado una disminución en el año 2021 tenemos un reanimamiento en el año 2022, podríamos llegar a una cifra que supere la de todo el cuatrienio”, señaló González.
La implementación de algunas de las banderas del Acuerdo de Paz se vieron retrasadas con el gobierno Duque, como la implementación de las curules de paz, que sancionó a penas a principio de esta semana. “Intentó desde el principio frenar el funcionamiento de la JEP. Retrasó un año la firma de la Ley Estatutaria. (...) No puso en funcionamiento la entrega de tierras a campesinos, mínimo, solamente mantuvo el proceso de saneamiento de resguardos”, señaló González sobre algunos de los principales aspectos.
Por su parte, Diana Sánchez, directora de la Asociación MINGA, también es enfática en ofrecer un balance negativo de la implementación del Acuerdo de Paz en el gobierno Duque, pues la política guerrerista aumentó desde que se posicionó como presidente y eso no ayudó a configurar el ambiente de paz que se esperaba.
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Enfoque militarista de gobierno Duque aumentó la tensión armada en los territorios
“Se esperaba que el Acuerdo de Paz ayudara a bajar los altos niveles de violencia, fue uno de los propósitos centrales. Finalizando los diálogos de paz los índices de violencia ya estaban bajando debido al cese bilateral del fuego con las Farc”, señala. Sánchez acota que incluso el gobierno de Juan Manuel Santos había preparado a las Fuerzas Militares para actuar en clave de paz, pero esta política no continuó con el gobierno Duque, pues se encaminó a aumentar la militarización de los territorios y por tanto, la confrontación armada con grupos ilegales.
“Pensamos que las masacres eran cosas del pasado, y no. El desplazamiento forzado tiene azotadas a regiones como el Bajo Cauca antioqueño, el Nordeste antioqueño, Córdoba, Magdalena Medio, Chocó, la Costa Pacífica, el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, los Llanos Orientales, Catatumbo y Arauca. Es decir, gran parte del territorio que se suponía que entraría en distensión y en donde se cerrarían los diques de la violencia, están en condiciones críticas. Incluso, se dice que estamos volviendo a las cifras del 2014, el año más violento antes de la firma del Acuerdo de Paz”, fue parte del análisis que ofreció Sánchez para Publimetro Colombia.
Otro de los temas en los que la directora de Asociación MINGA declaró que las organizaciones impulsoras de la implementación de la paz han tenido un choque con el Gobierno Duque, que se vio reflejado desde el primer momento en que entraron a evaluar y a hacer los diagnósticos de los territorios azotados por el conflicto, para implementar los programas que ofrecían garantías a líderes y lideresas sociales como el Plan de Acción Oportuna (PAO) o el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIG). Por ello, Sánchez asegura que desde el diagnóstico el Gobierno Duque se equivocó y tuvo “programas fallidos” por cuenta de su reiterante enfoque militarista, el cual provocó un aumento en la tensión armada de las regiones apartadas del país.
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Sánchez también acota que esta administración culminó su mala gestión de la implementación de la paz con el reciente escándalo revelado sobre el robo de 500.000 millones de pesos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que se encarga de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar los programas y proyectos que finalmente son financiados con recursos del Sistema Integral de Garantías.
Por esto, ambos expertos coinciden en que es necesario que el gobierno entrante, con los recursos disponibles, optimice la implementación de la inversión social en los territorios para salvar la paz y “darle una nueva oportunidad” al Acuerdo, que durante estos últimos cuatro años, sobrevivió casi que, como coloquialmente se diría, de puro milagro.
