En la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, para los 50.000 habitantes de Mocoa, Putumayo, la vida les cambió para siempre. Tres ríos que bordean al municipio (Mulato, Sancoyaco y Mocoa) se desbordaron y arrasaron con todo a su paso, dejando un saldo de 335 muertos, 400 heridos, 70 desaparecidos y 7.600 familias afectadas.
Ercilia Delgado, docente en un centro de estudios universitarios virtuales en la capital del departamento, aseguró en entrevista con el medio universitario, Unidad de Investigación Periodística, que esta tragedia se pudo evitar. “Un año antes de la tragedia un señor que vino de la quebrada la Taruquita buscó al gobierno local para anunciarle el riesgo de una avalancha porque ya vio pequeños deslizamientos. Pero nadie lo escuchó. El declaró ante los medios y lloró diciendo que él lo había anunciado”.
Tras este evento natural, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró en enero de este año, que el gobierno nacional garantizaría la ejecución de 6 de los 57 proyectos programados para la reconstrucción de Mocoa.
“Tenemos la confianza de que vamos a darles resultados a los mocoanos, superando cualquier dificultad financiera en los proyectos. Como lo anunció el Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda trasladó al Fondo de la Unidad de Gestión del Riesgo, 310 mil millones de pesos, para ejecutar las obras pendientes”.
Ante esto, el ministro de vivienda, Jhonatan Malagón, aseguró que de este monto, más de 48mil millones serán destinados para obras de viviendas y acueducto: dos necesidades prioritarias.
Sin embargo, dos meses después, la Procuraduría General de la Nación señaló a través de un comunicado que luego de las verificaciones físicas que realizaron en el territorio “preocupa el constante incumplimiento en el cronograma de obras correspondientes al proyecto de vivienda Sauces II (...) (El Ministerio Público) mencionó una reducción en la meta de viviendas terminadas para el mes de julio, pasando de 909 a 500, razón por la cual se estima que los objetivos propuestos en esta materia no se cumplirán de manera íntegra, especialmente en lo relacionado con los derechos de los habitantes a tener una vivienda digna”.
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La entidad anunció apertura de investigación contra 22 funcionarios públicos
Luego de este comunicado, ahora la Procuraduría tomó la decisión de abrir una investigación disciplinaria contra el viceministro de vivienda, Jose Luis Acero y 21 funcionarios públicos más por presuntas irregularidades en la reconstrucción del municipio.
Dentro de los nombres destacan la del alcalde de Mocoa, Jhon Jairo Imbachi; así como la del exalcalde, José Antonio Castro; Ana María Palau, vicepresidenta de Planeación; Fernando Andrés Vargas Mesías, de la Comisión de Regulación de Agua Potable; Diana Patricia Tavera, gerente de Agua y Saneamiento Básico; y tres funcionarios de de la Fiduciaria de Bogotá.
En la misiva, la entidad también indica que si los investigados desean ser escuchados en versión libre y espontánea “con las formalidades de la artículo 112 del CGD sobre los hechos materia de investigación, lo informe por escrito a esta delegada, para fijarle fecha y hora en que se realizará la diligencia, o que puede hacer llegar la misma, por escrito”.
Asimismo, el Ministerio Público aseguró que “informó a la oficina de control disciplinario interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Findeter y a la Procuraduría Regional de Putumayo del inicio de la presente investigación disciplinaria para que se abstenga de abrir investigación por los mismos hechos o suspenderla inmediatamente, y remitir a esta dependencia acorde con el inciso 2° del artículo 26 del CGD”.
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