El lunes, 31 de mayo, se conoció que un juez de la Audiencia Nacional española admitió a trámite una denuncia contra el candidato presidencial Gustavo Petro por haber integrado el grupo armado “narcoparamilitar M-19″, al que se le atribuyen una serie de asesinatos y secuestros, entre ellos el de un Fernando González Pacheco, que sería de nacionalidad española.
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El juez Joaquín Gadea expone que, dado que la Fiscalía se ha opuesto a la admisión de la denuncia, “debe acordarse una inicial diligencia de investigación, en orden a ofrecer a los herederos de la víctima del secuestro, Fernando González Pacheco, la posibilidad de ejercer acciones penales” como querellantes.
También considera “importante” el magistrado “corroborar la nacionalidad española de Fernando Gonzales Pacheco”, ya que le atribuyen como lugar de nacimiento España, “por lo que es lógico pensar que ostentaría nacionalidad española de origen”.
Y ve también “esencial confirmar, con las autoridades competentes de la República de Colombia, que el denunciado, Gustavo Francisco Petro Urrego, no goce de estatuto de amnistiado ni indultado, y especialmente, que no haya sido investigado, absuelto o condenado por los hechos objeto de este procedimiento” y ofrece también al candidato presidencial personarse en estas diligencias.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional por su parte, que informó en contra de la admisión de la denunciada, recurrió ya la decisión del juez, informaron a Efe fuentes jurídicas.
Según la denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional el pasado 18 de marzo y que recoge el auto, Petro, candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, habría incurrido en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio como integrante del grupo armado “narcoparamilitar M-19″.
Un grupo, relata el escrito, que durante al menos dos décadas (entre los años 70 y 80) “emplearon de manera sistemática e indiscriminada el secuestro de personas, así como la tortura y el asesinato” para “destruir” al ‘enemigo’, entre ellos oponentes políticos, miembros de las Fuerzas públicas, periodistas, empresarios, personal diplomático y a altos funcionarios de los poderes públicos.
Unos hechos por los que, según el denunciante, a Petro “jamás se le ha llamado a rendir cuentas ante la justicia” y en la actualidad “tendría la consideración de ‘desmovilizado’ del grupo que integraba”.
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Con todos estos argumentos, observa el juez, “el denunciante trata de exponer que los hechos denunciados estarían en condiciones de enjuiciarse fuera de Colombia, al no haber sido investigados allí, pudiendo hacerlo al no ostentar el denunciado la condición de amnistiado o indultado”.
Esto, unido a la presunta nacionalidad española de una de las víctimas, le haría competente a la Audiencia Nacional para investigar ese secuestro.
No obstante, el juez advierte de que los delitos que serían “objeto de esta investigación solamente serían perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal”.
