La senadora María Fernanda Cabal hizo una denuncia este lunes con respecto a la empresa costarricense Datasys, contratada por la Registraduría, luego de que la firma alemana Dermalog renunciara, argumentando poco tiempo para adelantar el proceso de auditoría, ya que las elecciones presidenciales se realizarán el próximo domingo 29 de mayo.
Para la senadora, del Centro Democrático esa empresa “carece de experiencia en auditoría electoral y fue sancionada por las autoridades de Honduras” por supuestos incumplimientos.
De acuerdo a un comunicado enviado por la congresista, el ingeniero costarricense de nombre Dennis Cascante Hernández, quien es el coordinador de la Misión del Plan de Garantías Electorales Presidenciales 2022 en Colombia, “tiene un contrato al parecer por $ 1.000 millones de pesos para su equipo de trabajo por parte de la Registraduría Nacional”.
“Sobre Cascante Hernández, se conoció que en el año 2013 fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito, por hechos relacionados con una empresa de tecnología que tenía 18 contratos con el Tribunal Electoral de Costa Rica, entidad en la cual laboraba, como consta en diversos medios de comunicación de dicho país”, detalla el comunicado.
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Además la denuncia revela que “Cascante, para las elecciones primarias del año pasado en Honduras, trabajó como asesor de Capel (Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos) y estaba gestionando al interior del Consejo Nacional Electoral, CNE, de ese país, un contrato para la empresa Thomas Processing & Systems, filial de Thomas Greg and Sons (ambas colombianas), que hacen parte del Consorcio Disproel, que desde hace más de quince años se gana los millonarios negocios electorales en Colombia, ya que al parecer son los únicos que cumplen los exorbitantes requisitos que la Registraduría Nacional solicita”.
Y señaló que términos de referencia de la licitación, presuntamente, fueron copiados de los comicios en Costa Rica “de los que elección tras elección se acomodan en Colombia”.
De igual forma, detalla la denuncia que Thomas Greg & Sons pertenece a los hermanos Bautista Palacio, “amigos cercanos de Juan Manuel Santos”, quien fue miembro principal de su junta directiva hasta el año 2006, cuando fue designado como Ministro de la Defensa.
“De acuerdo con los contratos conocidos entre la Registraduría y Disproel (Thomas Greg & Sons) en Colombia, ellos son los encargados de proveer el kit electoral, de realizar la transmisión y procesamiento de los resultados electorales, además de ser los responsables de entregar, recoger y transportar todo el material electoral a lo largo y ancho del país. Sumado a lo anterior, el actual gerente de informática de la Registraduría Nacional, el ingeniero Alejandro Campo Valero, fue empleado de Thomas Greg And Sons y también de la cuestionada empresa española Indra”, indica el comunicado.
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En tal sentido, para la congresista del Centro Democrático la relación entre Dennis Cascante y Thomas Greg & Sons “llevó a la contratación de la empresa Datasys Group para auditar el software utilizado en Colombia, sin importar que en Honduras Comunicaciones Globales/DataSys recibió una sanción por incumplimiento de contratos por más de $ 333.000 dólares”.
Y agrega que tras revisar el Certificado de Cámara de Comercio, Comunicaciones Globales/DataSys tiene experiencia en asistencia técnica y asesoría “en sistemas y servicios electrónicos y montaje, en seguridad privada y seguridad electrónica, comercio, agricultura, ganadería, industria, pero no en auditoría electoral”.
La senadora Cabal pide que se investigue el proceso de selección de esta empresa.
“No es concebible que a solo una semana de la primera vuelta presidencial en Colombia, se contrate una auditoría que requiere de análisis a fondo de los módulos software, del estudio de los códigos fuentes, de la validación de las estructuras de datos, de la interacción entre aplicaciones y de los controles internos (solo por mencionar algunas actividades), además de las extensivas pruebas de estrés que una labor de auditoría informática de esta importancia y magnitud demandan. Muy seguramente Datasys Group ya viene con el ‘libreto escrito’ y con el informe listo para exonerar a Indra de cualquier responsabilidad y para ratificar a Thomas como amo y señor de la Registraduría Nacional”, concluyó.
