Noticias Uno y su directora, Cecilia Orozco Tascón, denunciaron a través de las redes sociales que la Fiscalía General de la Nación quiere allanar sus archivos.
“Disculpa de @FiscaliaCol para allanar a @NoticiasUno: investigación para averiguar quién fue nuestra fuente ¡en 2013! por el delito de “revelación de secreto” que, si se hubiera cometido, ya habría prescrito. Extraña disculpa coincidente con censura que aprobó @CamaraColombia”, escribió Orozco en su cuenta de Twitter.
La directora indicó que la Fiscalía notificó al medio indicando que “nuestro archivo será “inspeccionado”, es decir, allanado tras una presunta prueba de un delito prescrito ¿Persecución?”.
Según la nota publicada en el noticiero la notificación dice que funcionarios del ente acusador llegarán a las instalaciones para revisar los archivos del noticiero, en un término no mayor a 30 días, dentro de un proceso por el delito de “revelación de secreto”.
Se trata de un informe que presentó el noticiero el sábado 19 de octubre del 2013, hace 8 años y un mes, en el cual se relataron apartes del acta de una reunión de la junta directiva de la empresa de acueducto de Bogotá y en la que el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, admitió el mal desempeño del plan de recolección de basuras que su administración implementó y que condujo a una crisis sanitaria en la ciudad.
Esa es la razón para que una fiscal Seccional, Claudia Patricia Guantiva, le anunciara al noticiero que el archivo será inspeccionado. “Realizar inspección en el noticiero Noticias Uno, la red independiente, con el fin de allegar bajo cadena de custodia el audio y/o video de la transmisión realizada por ese noticiero el día 19 de octubre de 2013 en la emisión de la noche”, dice la notificación.
¿Qué responde la Fiscalía?
Este jueves, 9 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación respondió a la polémica y a través de un comunicado en el que negó que se hubiera ordenado una diligencia de allanamiento al medio de comunicación.
“Es totalmente falso que se haya ordenado una diligencia de allanamiento a ese medio de comunicación, por el contrario, se realizó una solicitud de información de una noticia que fue divulgada por el mismo noticiero y que hicieron pública en una de sus emisiones habituales. Es importante destacar que este tipo de solicitudes son normales y se han realizado a diferentes medios de comunicación, que por su actividad periodística pueden tener información valiosa y clave para los procesos que adelanta la Fiscalía General de la Nación, pero que además al divulgarse se convierte en pública”, dice el documento.
Además, dice que se han hecho tres solicitudes por escrito al medio, para que entreguen una copia de la emisión del noticiero del 19 de octubre de 2013, “la primera se realizó el 14 de octubre de este año, la segunda el 10 de noviembre, y la tercera el 7 de diciembre pasado”, agregó.
Asimismo, reveló que el caso había sido archivado, “pero en 2021 el apoderado de la empresa de acueducto solicitó el desarchivo de las diligencias y la fiscal del caso, después de realizar el análisis dispuso que así se realizara”.
El ente acusador también fue enfático al decir que “es un deber constitucional de los ciudadanos y de las empresas privadas, entregar la información pública, como en este caso que se hizo pública al ser divulgada. Lo anterior está contemplado en la Ley de transparencia, ley 1712 de 2014, que establece que toda información en posesión bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública, y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal”.
