La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) consideró este jueves que la inspección de la Fiscalía a los archivos del noticiero “Noticias Uno”, del canal Cable Noticias, es “intimidatorio, pone en riesgo a las fuentes, y genera un ambiente frágil para la prensa”.
La noticia la daba el propio informativo que decía que “la Fiscalía ha anunciado a ‘Noticias Uno’ que sus archivos serán inspeccionados por funcionarios oficiales, lo que equivale a ser allanada” y rechaza estas acciones por considerarlas “una forma de vulnerar la protección de las fuentes”.
El ente acusador buscaba, supuestamente, las pruebas que tenía sobre el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Gustavo Petro, por una investigación de 2013 sobre su gestión en el plan de basuras por la que se le investigó en su momento.
“Sin embargo, esta inspección no cumple finalidad jurídica, pues el delito prescribió”, consideró hoy la FLIP, que recordó que la emisión del noticiero es pública, por lo que la inspección de la Fiscalía “resulta injustificada e intimidatoria”, y permite al ente acceder “a archivos del canal y conocer las fuentes que dieron la información”, lo que viola la reserva de fuentes.
“Es preocupante que la Fiscalía revierta su carga investigativa y la imponga en el medio. Además, busca imputar cargos a una fuente que se atrevió a denunciar irregularidades. Esto es grave, ya que el Estado debe proteger a quienes denuncien de buena fe actos de corrupción”, dijo la FLIP en Twitter.
Esta semana precisamente, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en segundo debate un artículo de una nueva ley anticorrupción que busca enmendar el Código Penal para aumentar las penas de injurias y calumnias contra funcionarios públicos, lo que según asociaciones de prensa abre la puerta a sanciones por la labor periodística.
Esta enmienda contempla penas de prisión de 60 a 120 meses y multas millonarias a quien “mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia”.
La FLIP y otras organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideran que esto abre la puerta a “sanciones y represión como la que existe en Venezuela o Nicaragua” contra los periodistas que investigan a los trabajadores públicos y políticos.
