Desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá se denunció este jueves la vulneración de los derechos de niños y niñas Embera y exigencias de contratos y otras financiaciones de actividades por voceros políticos de estas comunidades.
En la denuncia se destaca que se está poniendo en riesgo la salud y la vida de casi 290 menores de edad.
Comunicado Oficial por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
Los voceros políticos de la comunidad Embera, que ocupan ilegalmente el Parque Nacional, le exigen al Distrito contratos de prestación de servicios para ellos mismos y la financiación de 4 ollas comunitarias, por valor de $218 millones de pesos.
La Secretaría de Gobierno denunció ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar- ICBF- la presunta vulneración de derechos de esos niños, niñas y adolescentes y solicitó que se proceda con la debida inmediatez a verificar y a restablecer los derechos de los menores.
Desde el 29 de septiembre de 2021, 29 niños y niñas han sido trasladados a centros hospitalarios, 4 niños y 2 adultos continúan hospitalizados, 26 mujeres embarazadas se encuentran en riesgo y se han atendido 3 partos en condiciones precarias.
El Distrito les ha ofrecido traslado a lugares en mejores condiciones donde cuentan con todos los servicios de alojamiento, alimentación, salud, agua potable y energía, y además los menores tienen acceso a educación y recreación.
El Distrito puso en conocimiento que los voceros políticos (que no son Embera) de las comunidades que están ocupando de manera ilegal el Parque Nacional y poniendo en riesgo la salud y la vida de casi 290 menores de edad, están condicionando el avance del diálogo para el traslado de los Embera a otros lugares. Por un lado a cambio de contratos para ellos mismos por un valor de $114 millones de pesos y por otro con la financiación de ollas comunitarias por $104 millones, para un total de $218 millones de pesos.
A través de un correo electrónico, enviado el domingo 7 de noviembre al subsecretario de Gobierno y en mesas de diálogo, los voceros políticos de esta comunidad (que no son Embera) solicitaron esos contratos de prestación de servicios con el Distrito; listado que incluye a la señora María Violet Medina Quisque, quien actualmente ejecuta dos contratos en diferentes entidades y exige otro más. En ese mismo correo exigieron el dinero para las 4 ollas comunitarias, cada una por un valor de $26 millones.
Así mismo, el subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho, denunció ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar- ICBF- la presunta vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes de los que están en el Parque Nacional y solicitó que se proceda con la debida inmediatez a verificar y a restablecer los derechos de los menores, teniendo en cuenta que desde el 29 de septiembre, día en que inició la ocupación ilegal, 29 niños y niñas han sido trasladados a centros hospitalarios, 4 niños y 2 adultos continúan hospitalizados, 26 mujeres embarazadas se encuentran en riesgo y se han atendido 3 partos en condiciones precarias.
“Lo que estamos viendo allí es una clara vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, combinada con intereses políticos y económicos, exponiéndolos a todo tipo de enfermedades, al sol y al agua y condicionando su traslado a cambio de contratos y ollas comunitarias como si estuvieran en campaña. Ayer mismo hicimos la denuncia ante el ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia. No vamos a permitir que en Bogotá instrumentalice a ningún menor” indicó Daniel Camacho, Subsecretario de Gobierno.
Desde el Distrito se han adelantado cinco mesas de Diálogo con sus voceros políticos y la participación del Ministerio Público, donde se les ha ofrecido traslado a dos lugares en mejores condiciones y los cuales se han negado a aceptar, agudizando la precaria situación:
1. A La Unidad de Protección Integral – UPI- La Florida donde cuentan con todos los servicios de alojamiento, alimentación, salud, agua potable y energía, y además los menores tienen acceso a educación y recreación, entre otros.
2. A un inmueble de la Empresa de Renovación Urbana – ERU- ubicada en la localidad de Santa Fe que se acondicionaría para que pudieran recibir los servicios básicos esenciales.
El Subsecretario de Gobierno fue enfático en afirmar: “seguimos abiertos a las mesas de diálogo, mientras la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional hace su proceso de reubicación o retorno a sus lugares de origen, pero nunca vamos a ceder a exigencias de contratos ni actividades donde se instrumentalicen a los menores, ni a chantajes durante el proceso”.
Por último el Distrito hizo un llamado al Ministerio Público y a las autoridades administrativas, en especial al ICBF, a que privilegiar los derechos de los niños con acciones que realmente resuelvan la difícil situación por la que están pasando.
