América Latina y el Caribe es un área especialmente importante para la estabilidad ambiental del planeta, ya que concentra las reservas de tierras cultivables más grandes del mundo, a lo que se suma la relevancia de esta región en términos de recursos hídricos, de captación de carbono y de biodiversidad. Las consecuencias del cambio climático sobre ALC están siendo cada vez más notorias y se traducen en daños económicos, sociales y ambientales. Su efecto sobre distintos sectores productivos tiene, a la vez, un impacto directo en el empleo.
En este contexto, uno de los objetivos del “Foro sobre transición justa, empleos verdes y acción climática: Intercambio de experiencias para América Latina y el Caribe”, organizado por los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y del Medioambiente de Chile, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CEPAL, y con el apoyo de la Unión Europea, fue la evaluación de los impactos que el cambio ambiental tiene en el empleo y el potencial que la creación de trabajos trae consigo. La idea es que la participación de gobiernos, organizaciones de empleadores, trabajadores, agencias internacionales y académicos, permita identificar puntos de encuentro entre los planes de acción climática desarrollados a nivel nacional y el trabajo decente. Esto con la finalidad de identificar medidas necesarias para promover una transición justa y la creación de empleo verde en este marco.
Es importante tener en cuenta que el objetivo de creación de trabajo decente está asociado a la implementación de políticas de mitigación de cambio climático, de aumento de resiliencia climática y de políticas asociadas a un desarrollo productivo sostenible e inclusivo. Para que esto sea realidad, es necesario poner en marcha políticas y medidas que aseguren que la transición hacia un modelo de desarrollo más ambicioso en términos ambientales y climáticos, va a tomar en consideración los impactos que éste proceso tendrá en el empleo y en general en el mundo del trabajo. Es posible crear nuevos empleos y empresas en sectores ambientalmente sostenibles, como la producción de energías renovables, la construcción sostenible, la agro-producción orgánica, la gestión sostenible de los bosques, la movilidad sostenible basada en modos eléctricos, entre otras.
Y estos empleos verdes pueden beneficiar a grupos que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero para que esto ocurra es necesario desarrollar políticas y estrategias específicas que fomenten su empleabilidad y su inclusión en el mercado laboral. La no puesta en marcha de ese tipo de medidas, hace correr el riesgo de que la transición hacia economías bajas en carbono, ambientalmente resilientes y sostenibles, no respondan a los desafíos sociales actuales, no promuevan la igualdad, la inclusión social y en resumen no generen mayores avances en justicia social.
Se espera que Chile y otros países de la región puedan conocer casos de implementación de políticas de transición justa y creación de empleo verde que se hayan desarrollados en otros lugares del mundo, siguiendo la experiencia de países como Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, España, Francia, Escocia y Sudáfrica.
