El más reciente debate sobre darle a miembros activos de la fuerza pública la posibilidad de ejercer el derecho político al sufragio, ha abierto serias sendas de división y especulaciones vagas alrededor de lo que se considera un derecho universal: el derecho a elegir y ser elegido.
Más de 500 mil hombres y mujeres son la fuerza pública activa entre Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y al día de hoy no pueden ejercer su pensamiento político y expresar su manifestación soberana de elegir posiciones políticas conforme a sus intereses, a los intereses comunes de la sociedad y, sobre todo, no tienen la capacidad de expresar su posición política y destino.
Desde el gobierno de Olaya Herrera (1932) se abolió la posibilidad de elegir a los miembros de la fuerza pública, en una manera de aplacar la polarización política del momento, asunto que es ya anacrónico hoy en día en la perspectiva que tiene el país, donde de manera clara y categórica las fuerzas del orden están en la obligación de manifestar su poder soberano mediante el sufragio, no solo por ser un componente castrense compuesto por seres humanos capaces de razonar y determinar un pensamiento político y jurídico, sino la posibilidad de reivindicar la castración mental a la que tienen sumida a la fuerza pública desde los años 30.
La base de toda sociedad es la seguridad, la claridad en la posibilidad de articular estrategias y políticas públicas capaces de interpretar el respeto a la vida, integridad, honra y bienes; por ello la necesidad de las sociedades en organizarse. Desde la antigua Roma el bien superior de la sociedad y del Estado es la posibilidad de garantizar la seguridad, la convivencia y lograr establecer valores comunes de defensa y respeto por el derecho ajeno, como por ejemplo la posibilidad de regular los conflictos para no matarnos entre unos y otros. Ese es el baluarte de todas las sociedades: la seguridad y defensa, y qué mejor que los garantes de ella tengan la capacidad de ser base programática de dicho valor esencial.
Es justamente por ello que después de mas de 80 años de tener una castración mental y política a los militares, o llevarlos a la deliberación, debate y opinión política a hurtadillas, se hace mas que necesario y conveniente la posibilidad de que tengan el derecho como todo ciudadano de elegir y ser elegidos, de poder hacer opiniones y percepciones personales no partidistas de la política, de dejar las majaderías a un lado y devolverles ese derecho que en muchos países desarrollados tienen los miembros de la fuerza pública: poder elegir un gobierno democrático y hacer parte de las decisiones comunes, que desde luego no solo generarán más compromiso y lealtad, sino que sobre todo llevan a generar identidad.
Esta última palabra es la que genera puntos de quiebre en nuestra sociedad, la falta de identidad, y es quizás por ello mismo que se ha perdido la autoridad, el respeto a las libertades públicas, a los derechos civiles y políticos, a las instituciones del orden y a la autoridad, porque sencillamente no hay una identidad. Qué mejor que lograr entender que los militares y miembros de las fuerzas pueden interpretar el país desde una perspectiva estratégica y económica, ya que conocen las realidades de las regiones y muy seguramente colaborarían inmensamente en la interlocución social y política, no solo como miembros de la fuerza pública, sino desde luego como ciudadanos y seres humanos.
Corolario: No es en vano que Estados Unidos, Francia y Reino Unido defiendan el voto de sus militares, y que solo en Guatemala, Honduras y Paraguay se vete el voto a los mismos, como tampoco la inadecuada coherencia y verticalidad en decisiones trascendentes como acuerdos de paz y decisiones estratégicas a futuro.
