El más reciente despropósito de paz por parte del ELN es el llamado al paro armado en zonas donde tienen gran influencia, por economías criminales derivadas del narcotráfico, la extorsión y toda la cadena económica criminal que está acostumbrada a desarrollar esta banda narcoterrorista, la cual tiene amplio marco de operación en el Catatumbo, el nordeste antioqueño, Arauca y algunas regiones del Eje Cafetero y sus límites, todo buscando presionar al gobierno de Iván Duque para sentarse a “negociar” lo innegociable, sin dejar de lado la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores y el sabotaje terrorista al oleoducto Caño Limón-Coveñas.
La presión del ELN nace de la firme y decidida dirección de la política de paz del gobierno, que ha dejado a un lado las gabelas para los grupos armados ilegales y todo lo que deriva de ello, teniendo como precedente negativo lo mal negociado con las Farc, ya que en últimas muchos de los que no se reinsertaron terminaron en sus mayorías en el ELN y los que no en las mal llamadas disidencias. El direccionamiento del gobierno Duque en la materia es el adecuado: la agenda no la pueden poner las acciones terroristas, el secuestro y el asesinato selectivo y salvaje, como lo fue en su momento el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, donde fueron vilmente masacrados 22 jóvenes estudiantes de dicho plantel educativo.
El llamado «paro armado» es una estrategia más de las que tienen de manera clara y detalladamente armada las Farc junto con el ELN desde iniciados los diálogos en La Habana. En principio dichos diálogos no eran para las Farc, sino para el ELN y la estrategia conjunta de agrupamiento de masas y movimientos sociales tenía el fin de atomizar grupos políticos y sociales, debilitar al Uribismo y a su máximo líder, como estrategia clara para lograr con ello la toma del poder. Es por ello que detrás de los paros y manifestaciones sociales que tuvieron lugar en noviembre y diciembre pasados estaba el llamado al gobierno para reactivar la mesa de conversaciones con el ELN, cancelar las órdenes de captura y circulares rojas a los negociadores de esa organización y continuar con la majadería.
Esa organización se encuentra refugiada entre Venezuela y Cuba pese a contar muchos de sus miembros con condenas ejecutoriadas por el sistema judicial en Colombia, y pese a que los requerimientos mediante circular roja que ha hecho el gobierno colombiano para lograr su captura y extradición a Colombia ha sido totalmente nulos. El mensaje del gobierno es claro: ha reiterado su interés de generar una mesa de conversaciones siempre y cuando devuelvan todos los secuestrados y cesen las actividades ilícitas, pero ha sido en vano pues el ELN tiene claro, como en su momento las Farc lo hicieron, que a mayor despliegue criminal mayor será el rédito “político” en términos de lograr una mesa de conversaciones.
Esta circunstancia el gobierno la tiene clara y al parecer va en la dirección correcta, pero sería menesteroso direccionar de manera más y mejor adecuada la política de defensa y seguridad nacionales con sistema de inteligencia y defensa tácticos y estratégicos, como la cooperación de los ciudadanos y su intervención cívica para lograr censurar y amilanar la estrategia del narcoterrorismo de crear zozobra y generar pánico a las gentes de bien. Por ello, hablar de paro armado no solo es desafiante, indecoroso y aberrante; pues se deja a merced de la criminalidad armada a la ciudadanía, sin la posibilidad de ejercer su derecho legítimo de defensa; si quienes pudiesen ejercer su derecho de defenderse y pudiesen portar sus armas otro seria el contexto.
Corolario: con las circunstancias de seguridad pública, en donde se habla de paros armados por parte de la criminalidad, seria menesteroso la suspensión urgente e inmediata del decreto que prohíbe el porte de armas con salvoconducto, en razón que la criminalidad es la que está en armas, ¿y donde queda la ciudadanía?
