Luego de un poco mas de seis semanas desarrollando encuentros entre los voceros del ‘no’ y varios delegados del Gobierno Nacional, entre ellos muchos miembros del equipo negociador, se anuncia con bombos y platillos que esta semana será la firma del denominado nuevo acuerdo con las Farc, el cual probablemente se firmaría en Bogotá, no se logra entender cómo se pretende llamar nuevo acuerdo a un documento que recoge en síntesis lo fundamental que tenía el anterior, ese mismo que no fue refrendado por los colombianos el pasado 2 de octubre desde muchos sectores luego de la expresión de los seis millones y medio de colombianos que negaron los acuerdos con las Farc.
Las solicitudes del ‘no’ por la desaprobación popular del costal de beneficios para las Farc y ninguno para la comunidad no fueron tomadas con seriedad, inteligencia y, sobre todo, prudencia dada la necesidad de que fueran incorporadas en los ejes fundamentales, para la construcción de un nuevo acuerdo nacional, como por ejemplo que las Farc, antes de ser incorporadas a la vida civil y política, pasen por el sistema de jurisdicción especial de paz, o por un sistema de justicia transicional que no desconozca la constitución política y el sistema judicial, que tengan plenas garantías, procesos justos y en el que las víctimas puedan tener espacio para su reparación.
No es justo con la sociedad colombiana que dentro de un enfrentamiento de violencia sistemática con las Farc, estas pretendan expresar su ánimo de desmovilizarse, no reparar a las víctimas, no pedir perdón y pretender pasar automáticamente a la vida política con posiciones de senadores, representantes, alcaldes, gobernadores y cuanta cosa más existe, sin que antes un sistema de justicia especial logre establecer las responsabilidades y los autores de las máximas barbaridades a los derechos humanos, es decir las responsabilidades individuales a los máximos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por las Farc.
A eso sumado la imposibilidad jurídica de convertir el narcotráfico y secuestro en delitos conexos del delito político, su imposibilidad radica en el mensaje errado a los aparatos de crimen, los cuales en el futuro verán y entenderán la prerrogativa entregada a las Farc como una patente de corso para desarrollar actividades de narcotráfico ampliamente conocidas por sus enormes utilidades económicas, disfrazadas de móviles “políticos” o con fines no de crecimiento individual sino organizacional, a eso cerca de seis millones y medio de colombianos también le dijeron no, dado que esa prerrogativa a un cartel de drogas no beneficia en nada a la comunidad.
No puede existir un gran acuerdo nacional en el que campean el narcotráfico y el secuestro con derroteros “jurídicos” para salvar de la cárcel, disfrazando la conexidad de esos delitos con el delito político, ya vemos cómo el Eln justifica el derecho a secuestrar insinuando que lo que hace es una “captura” legítima; las Farc con su dialéctica indican lo mismo, el plebiscito fue apoyado por cerca del 80% del Congreso para que se aprobaran los acuerdos con las Farc, ahora como el pueblo muy seguramente no aprobaría ese “nuevo” acuerdo, se pretende que el denominado “nuevo” sea “refrendado” por el Congreso. ¿Cómo se llama eso?
*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.
