La Amazonía colombiana está enfrentando una «creciente crisis de seguridad, de derechos humanos y ambiental» desde que se firmó el acuerdo de paz. Y esto puede llevar a una catástrofe climática global, así lo advirtió un informe divulgado este jueves.
El informe «Un clima peligroso: deforestación, cambio climático y violencia contra defensores ambientales en la Amazonía colombiana», publicado este jueves por WWF Alemania, señala que la desmovilización y el desarme de las FARC creó un vacío de poder en esa región, propició el incremento de la explotación de recursos y de actividades económicas ilegales.
«Las esperanzas de paz y seguridad no fueron cumplidas con el cese al fuego de 2016», dice Julia Gorricho, asesora de Sudamérica de WWF Alemania y una de las autoras del estudio.
La experta señala que, por el contrario, la crisis se intensificó con la firma del acuerdo de paz y que la región amazónica de Colombia «está atrapada hoy en una nueva espiral de violencia que cobra más y más víctimas».
«Vemos cómo la degradación ambiental y la lucha sin merced por los recursos destruye los medios de vida de incontables personas en el país. Al mismo tiempo, la destrucción de bosques está llevando a una catástrofe climática global», añadió.
El documento fue realizado por esa ONG con la ayuda del laboratorio de ideas adelphi, la Frankfurt Zoological Society y la organización colombiana Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Crimen creciente
Según el informe, la desmovilización de las FARC hizo que crecieran, particularmente, los cultivos de coca, la minería ilegal de oro, la ganadería y la agricultura en la Amazonía, lo que ha llevado no solo a la destrucción y deforestación ambiental sino también ha desatado una nueva espiral de violencia.
Justamente Colombia es el país más letal para los defensores del medioambiente y, según el último informe de Global Witness citado en el documento, en 2020 fueron asesinados 65 defensores ambientales.
El informe de WWF Alemania dice además que entre 2016 y 2019 fueron asesinados siete ambientalistas en la región amazónica de Colombia y 10 líderes de comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas fueron amenazados.
Los empleados gubernamentales encargados de proteger el medio ambiente también están en riesgo y, por ejemplo, en febrero de 2020 una disidencia de las FARC conminó a los empleados de un parque nacional natural en la Amazonía a dejar la región antes de 48 horas, lo que los empleados cumplieron para «salvar sus vidas».
«Con el fuerte aumento de la actividad ilegal, las comunidades locales, las ONG y las instituciones estatales que se esfuerzan por proteger la Amazonía colombiana entran en un conflicto con los intereses de grupos poderosos y fuertemente armados. En el mejor de los escenarios, se les impide hacer su trabajo y en el peor son amenazados, abusados o asesinados», señala el informe.
Deforestación desatada
Al mismo tiempo, la deforestación se ha disparado a niveles sin precedentes, pues aumentó en un 83 % en la primera mitad del año pasado en comparación con el mismo periodo de 2019, según el documento.
«Con la firma del acuerdo de paz las dinámicas del conflicto y de la degradación ambiental cambiaron significativamente (…) Una compleja y constantemente cambiante red de grupos armados, actores del sector privado y oficiales corruptos están usando el vacío de poder (…) para expandir su poder y las actividades económicas ilegales», dice el asesor sénior de adelphi, Lukas Rüttinger.
Justamente la deforestación, conducida por una inestabilidad constante, está acelerando la crisis climática global.
Al mismo tiempo, los ecosistemas amazónicos se están volviendo menos capaces de resistir los efectos del cambio climático por la deforestación y la polución.
Desigualdad profunda que persiste
Las profundas desigualdades provocadas por décadas de conflicto armado persisten y uno de los principales problemas que los autores señalan en este punto es que no se ha implementado la reforma rural prevista en el acuerdo de paz, lo que ha contribuido a que la violencia tome nuevas formas.
«El asunto más urgente en este momento es proteger a la gente de la violencia directa», asegura el investigador asociado de la FIP Juan Carlos Garzón, quien agrega que eso no se puede hacer únicamente «combatiendo el crimen».
«Los conflictos sociales del país solo pueden ser desactivados si la pobreza es reducida y se abren nuevas perspectivas para la gente de Colombia. Es importante que las comunidades locales de la Amazonía reciban mayor apoyo para que puedan protegerse mejor de los conflictos sociales y las consecuencias del calentamiento global», agregó.
