Más de $800.000 millones tendrá que pagar el Estado colombiano al empresario Carlos Solarte, por cuenta de un contrato firmado en 1999 y suspendido en 2016. El contrato en mención fue firmado con la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, conformada en su mayoría por el Grupo Solarte.
Lo que sucedió fue que en el 2006 se hizo una adición al contrato, que pasó de 14 a 54 años. En ese sentido, el Gobierno siguiente consideró que ese modelo financiero solo favorecía a los contratistas, y tomó la determinación de acudir a un Tribunal de Arbitramento que falló en ese momento a favor de Colombia.
No obstante, el Grupo Solarte convocó a un nuevo tribunal, el cual les favoreció en septiembre del 2020. Según el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, se logró establecer que uno de los proyectos adelantados por los contratistas se completó al 100% y el otro tuvo avances del 51%, por lo cual el Estado colombiano tendrá que reconocer las obras que se ejecutaron en la malla vial del Valle del Cauca.
Así las cosas, la Agencia Nacional de Infraestructura tendrá que pagar al concesionario 823.455 millones de pesos.
El pago se hará pese a que la Fiscalía y la Contraloría adelantaban una investigación penal y fiscal por presuntas irregularidades.
Cabe recordar que Carlos Solarte fue imputado por la Fiscalía por el proyecto Tunjuelo- Canoas en Bogotá, en el que también habría o participado Odebrecht.
