El gerente del Banco Agrario en Santa Rosa del Sur, Bolívar, resultó involucrado en un negocio de minería ilegal que ahora lo tiene de cara a la justicia.
Según las investigaciones, Edward Alonso Vega aportaba dinero para la compra de maquinaria pesada y para financiar el funcionamiento de los entables mineros.
En este sentido, hacía parte de la red ilegal señalada de arrasar con los recursos naturales en inmediaciones de las ciénagas El Popal y Simití, sur del departamento, para avanzar en la agresiva extracción de oro.
«El material probatorio da cuenta de que esta organización sacaba entre 400 y 500 gramos de mineral semanalmente, y los trasladaba hasta una comercializadora en Santa Rosa (Bolívar)», indicó la Fiscalía.
Además, recurrían a diferentes maniobras para tratar de ocultar el origen de la producción y respaldar su venta. Una de ellas era contratar barequeros de diferentes regiones, a quienes les pagaban cerca de $120.000 para que les permitieran hacer uso de sus autorizaciones para explotar yacimientos mineros.
«A nombre de otras personas y con una aparente fachada de legalidad continuaban con la actividad criminal», añadió el ente acusador.
Entre los capturados también están Leonidas Navarrete Palacios, señalado de ser el articulador del andamiaje ilícito, y su hijo Pedro Navarrete.
En las diligencias realizadas por las autoridades se incautaron seis computadores, 2230 sobres con datos de registro de barequeros, siete celulares y 21 libros contables.
Un fiscal les imputó a los ocho capturados el delito de concierto para delinquir, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimientos, invasión de área de especial importancia ecológica, explotación ilícita de yacimientos mineros y receptación.
Los procesados aceptaron los cargos y el juez les ordenó medidas no privativas de la libertad, con restricciones y compromisos como no retornar a los territorios donde ejercieron la minería ilegal.
También deberán entregar la maquinaria pesada, cumplir con jornadas de reforestación de las áreas aledañas a las ciénagas afectadas y atender las citaciones judiciales.
